La Procuraduría General de la Nación solicitó este 8 de abril de 2026 un pronunciamiento oficial a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc, Luz Marina Múnera, sobre la situación actual de la Nueva EPS. El Ministerio Público busca evaluar el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas para subsanar las causales que dieron origen a la intervención forzosa administrativa. Cabe recordar que dicha medida fue prorrogada por un año en abril de 2025 y se encuentra en una etapa crítica de definición.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social pidió específicamente el concepto técnico rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud. Ante el inminente vencimiento del acto administrativo de prórroga, el organismo de control requiere precisión sobre si la EPS aún mantiene las causales de intervención. Esta información es vital para determinar cómo quedará la administración de la entidad, que es una de las más grandes y estratégicas del sistema de aseguramiento nacional.
A su vez, el organismo de control busca acceder a los informes mensuales detallados que ha realizado la contralora designada para la administración de la entidad promotora de salud. Se han solicitado precisiones sobre periodos, fechas de entrega y evaluaciones exhaustivas de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa. Estos documentos permitirán a la Procuraduría realizar un seguimiento riguroso a la evolución de la entidad bajo el mando del Gobierno y verificar si ha habido avances reales en su recuperación.
Igualmente, la entidad instó a que se entregue un reporte detallado sobre la gestión de aspectos operativos críticos que han presentado fallas recurrentes en los últimos meses. Entre ellos destacan los incumplimientos asociados al pago de cuentas médicas a las IPS, la necesaria modernización tecnológica de la EPS y los procesos de contratación vigentes. El control y la gestión transparente de los recursos financieros son puntos de especial atención para el Ministerio Público, dado el impacto que tienen en la prestación del servicio.
La Procuraduría Delegada fue enfática al reiterar que este informe completo debe ser entregado en un plazo máximo de tres días hábiles tras la recepción de la solicitud oficial. La urgencia responde a la necesidad de garantizar el derecho a la salud de millones de afiliados que dependen de la estabilidad operativa de la Nueva EPS en todo el país. El ente de control advierte que el seguimiento preventivo es fundamental para evitar un colapso administrativo que afecte la atención de pacientes con enfermedades crónicas.
En el marco de la actual crisis del sistema de salud en 2026, la vigilancia sobre las EPS intervenidas se ha vuelto una prioridad para los organismos de inspección y vigilancia del Estado. La Nueva EPS, por su volumen de usuarios, representa el eje central de la red de servicios en muchas regiones apartadas de Colombia, donde es el único asegurador disponible. Cualquier decisión sobre la continuidad de su intervención debe estar soportada en datos técnicos sólidos que aseguren la sostenibilidad financiera de la compañía a largo plazo.
Por otra parte, la Superintendencia de Salud deberá aclarar si las metas de capitalización y reducción de pasivos se han cumplido según el cronograma establecido hace un año. La falta de claridad en estos indicadores financieros ha generado incertidumbre entre los prestadores de servicios de salud, quienes exigen celeridad en el flujo de los recursos del sistema. El pronunciamiento de la funcionaria Ad Hoc será determinante para conocer el rumbo institucional que tomará la aseguradora en el segundo semestre del presente año lectivo.
Finalmente, la Procuraduría reafirma su compromiso de actuar como garante de los derechos ciudadanos ante las posibles ineficiencias en la administración de recursos públicos destinados a la salud. Los estados financieros y la evaluación de la red de servicios serán analizados minuciosamente para detectar posibles irregularidades en la ejecución presupuestal durante la vigencia de la intervención. Con estas acciones, se busca dar un parte de tranquilidad y transparencia a la ciudadanía sobre el futuro de su cobertura médica y el manejo de sus aportes.
