La Asociación Colombiana de Salud Pública pidió preservar, evaluar y fortalecer los llamados impuestos saludables, vigentes en Colombia desde el 1 de noviembre de 2023. La posición aparece en medio del debate sobre un proyecto de ley que busca eliminarlos y plantea que una decisión de ese alcance debe sustentarse en evidencia y evaluación rigurosa. Para la organización, desmontar la medida apenas 2 años después de su entrada en vigencia impediría conocer con suficiente precisión sus efectos sobre el consumo y la salud pública.
La discusión tiene como trasfondo el peso de las enfermedades no transmisibles en Colombia. Según el documento, estas patologías, entre ellas diabetes, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer, representaban 75,7 % de las muertes nacionales en 2019. A esto se suma que 56,4 % de los adultos presenta sobrepeso u obesidad. La Asociación sostiene que la alimentación no saludable constituye un factor de riesgo modificable mediante políticas públicas, entre ellas aquellas que afectan precios y decisiones de compra.
El planteamiento de la ACSP se apoya también en evidencia internacional sobre las bebidas azucaradas. Una revisión sistemática de 86 estudios, con metaanálisis de 62, encontró una transferencia promedio de 82 % del impuesto al precio y una reducción promedio de 15 % en las ventas de las bebidas gravadas. El análisis también relacionó los impuestos escalonados con procesos de reformulación y menor contenido de azúcar, sin identificar efectos negativos sobre el empleo. La organización considera estos resultados relevantes para el debate colombiano.
En los alimentos ultraprocesados, la evidencia disponible es más reciente y limitada, pero el documento advierte que esa circunstancia no debería convertirse en argumento para eliminar el impuesto. Entre enero y noviembre de 2024, estos productos aportaron $1,9 billones de los $2,2 billones recaudados mediante los impuestos saludables. La experiencia mexicana también es citada: un gravamen de 8 % se asoció con una reducción de 5,1 % en las compras durante el primer año, con mayores efectos entre hogares de menores ingresos.
Colombia cuenta además con información que puede servir como punto de partida para evaluar los resultados nacionales. Estudios previos estimaron una elasticidad-precio de -1,61 para las bebidas azucaradas y proyectaron reducciones de consumo entre hogares de menores ingresos. Datos posteriores muestran que entre 2023 y 2024 el consumo de alimentos de paquete cayó 4,3 puntos porcentuales. Asimismo, entre 2022 y 2024 disminuyó el consumo diario de bebidas azucaradas entre jóvenes de 12 a 28 años y adultos de 29 a 44 años.
La ACSP reconoce que esas cifras descriptivas no permiten atribuir los cambios exclusivamente a los impuestos. Por eso propone una evaluación nacional, independiente, transparente y técnicamente rigurosa que mida precios, consumo, sustitución entre categorías, reformulación, efectos por nivel socioeconómico y territorio, impacto sobre pequeños comerciantes, recaudo y resultados nutricionales. La organización sostiene que la ausencia de estudios nacionales completos no equivale a demostrar que la política sea ineficaz y plantea producir evidencia colombiana sin desconocer el conocimiento internacional.
Otro punto del debate es la equidad. La asociación considera legítima la preocupación por el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos, pero plantea que el análisis debe incluir la respuesta del consumo ante los precios, la exposición a factores de riesgo y la carga económica de las enfermedades no transmisibles. También propone acompañar a las tiendas de barrio, ampliar la disponibilidad de alimentos saludables y fortalecer el acceso a agua potable, frutas, verduras y otras alternativas de alimentación saludable.
La propuesta incluye que una proporción verificable del recaudo pueda fortalecer la Atención Primaria en Salud, con recursos para promoción de alimentación saludable, prevención, detección temprana, actividad física y educación. La ACSP recuerda además que la Corte Constitucional declaró exequibles los impuestos saludables y plantea mantenerlos junto con el etiquetado frontal y otras políticas preventivas. Para la organización, Colombia necesita preservar la herramienta, medir sus resultados con rigor y ajustar su diseño con base en evidencia nacional e internacional.
