El presidente Abelardo de la Espriella pidió que las movilizaciones convocadas para el miércoles 14 de octubre transcurran de manera pacífica y advirtió que las autoridades actuarán frente a hechos violentos. El mensaje fue presentado durante su alocución presidencial del lunes 12 de octubre, en la que se dirigió tanto a quienes saldrán a las calles como a quienes deberán trabajar, estudiar o desplazarse durante la jornada nacional esta semana.
El mandatario sostuvo que la protesta pacífica es una garantía constitucional y afirmó que ese derecho no depende de que los ciudadanos estén de acuerdo con el presidente o con las decisiones de su administración. “Quien piense distinto tiene derecho a expresarse, a organizarse y a ser escuchado”, manifestó. Señaló que impartió instrucciones para coordinar con organizadores y autoridades territoriales medidas de movilidad, prevención, atención de emergencias y protección ciudadana.
De la Espriella indicó que la Fuerza Pública deberá actuar bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Según explicó, la prioridad será proteger la vida, prevenir enfrentamientos y permitir que las manifestaciones se desarrollen en paz. El jefe de Estado advirtió que el derecho a marchar no habilita agresiones contra otras personas, daños a bienes, amenazas a trabajadores ni bloqueos que impidan el paso de ambulancias o servicios de emergencia.
El presidente pidió a los convocantes que ejerzan su derecho de manera pacífica y contribuyan a evitar provocaciones. A quienes no participen en las marchas les aseguró que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. El pronunciamiento ocurre en medio de la preparación de operativos de seguridad y movilidad para una jornada que tendrá concentraciones en distintas ciudades del país en Colombia.
La parte más confrontativa de la alocución estuvo dirigida a los promotores de la movilización. De la Espriella afirmó que, a su juicio, buscan generar caos y desestabilizar al Gobierno. Los relacionó con una situación económica y energética que describió como crítica, y cuestionó que convoquen a un paro mientras el país avanza en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Esas afirmaciones corresponden a la posición del mandatario.
El jefe de Estado sostuvo que la convocatoria tendría motivaciones políticas y acusó a sus promotores de buscar un beneficio contra su administración. “Son instigadores de la maldad, y no luchadores por la libertad”, expresó. Al cerrar su intervención, advirtió que su Gobierno responderá dentro de la ley ante cualquier intento de provocar violencia. Sus declaraciones marcaron una combinación de garantías para la protesta y advertencias frente a posibles delitos.
Las movilizaciones del 14 de octubre fueron convocadas por sectores de oposición y organizaciones sindicales, entre ellas Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores. Los reclamos incluyen decisiones gubernamentales relacionadas con educación pública, derechos laborales, cultura y derechos de la población LGBTIQ+. El expresidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la jornada. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que no permitirá bloqueos ni ataques a la infraestructura o a los uniformados.
La alocución deja planteado el desafío de garantizar el derecho constitucional a la protesta y la seguridad de manifestantes y demás ciudadanos. La actuación de las autoridades, la coordinación con los organizadores y el desarrollo de las marchas permitirán evaluar cómo se aplican las directrices anunciadas. Por ahora, el presidente pidió movilizaciones pacíficas y reiteró que los hechos que constituyan delitos serán atendidos conforme a la Constitución y la ley.
