La Policía Nacional incautó 1 tonelada de clorhidrato de cocaína en una zona rural de Santa Marta, Magdalena, durante una operación coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ejército Nacional. El resultado, anunciado el 13 de octubre de 2026, se produjo en el marco de la Estrategia Esmeralda y representa un golpe económico para las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, según informó la Dirección de Antinarcóticos.
El operativo se desarrolló en la vereda Calabazo, jurisdicción del corregimiento de Bonda, donde integrantes de la Unidad de Investigaciones Sensitivas adelantaban labores de investigación. En ese sector, las autoridades localizaron el cargamento escondido mediante la modalidad de bodegaje, en un paraje rural próximo al Parque Nacional Natural Tayrona. La información oficial no precisa que el hallazgo se haya producido dentro del área protegida, sino en sus inmediaciones.
De acuerdo con las investigaciones preliminares citadas por la institución, el estupefaciente pertenecería a estructuras criminales relacionadas con el Frente Libardo Vergel, del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS). Esta atribución corresponde a una hipótesis investigativa divulgada por las autoridades y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre la responsabilidad de personas específicas en el almacenamiento o transporte de la sustancia.
Las autoridades señalaron que el cargamento tendría como destino final Estados Unidos, donde se proyectaba distribuir la droga después de concretar las coordinaciones necesarias para su envío. El comunicado no detalla la ruta prevista, los posibles responsables de la logística internacional ni el método que se habría utilizado para sacar la cocaína del territorio colombiano. Tampoco informa sobre capturas relacionadas con el hallazgo, por lo que esos aspectos no pueden darse por establecidos.
Según el balance de la Dirección de Antinarcóticos, la incautación representa una afectación superior a los $5.500 millones para las finanzas criminales. La Policía también estimó que el decomiso impediría que aproximadamente 2,5 millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados ilegales. Estas cifras corresponden a la valoración institucional del resultado y dimensionan el alcance económico y operativo que las autoridades atribuyen al procedimiento realizado en el área rural de Santa Marta.
El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, destacó la coordinación entre la Policía, las autoridades internacionales y las Fuerzas Militares para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El oficial sostuvo que la institución continuará fortaleciendo sus capacidades investigativas y operacionales para afectar los recursos de estas estructuras e impedir que las sustancias ilícitas lleguen a los mercados de consumo. Su declaración fue incluida en el boletín oficial divulgado por la Policía Nacional.
La participación de la DEA y del Ejército Nacional fue presentada por la institución como parte del trabajo articulado que permitió ubicar el cargamento. Sin embargo, el comunicado no especifica cuánto tiempo duró la investigación, qué información condujo hasta la vereda Calabazo ni cuáles fueron las funciones particulares de cada organismo durante el procedimiento. Esos detalles serán necesarios para conocer con mayor precisión cómo se desarrolló la operación y qué otras actuaciones judiciales podrían desprenderse del decomiso.
La Dirección de Antinarcóticos reiteró su compromiso con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico mediante operaciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales y proteger el territorio nacional. La incautación constituye un resultado relevante por el volumen de la sustancia encontrada y la afectación económica reportada, mientras las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales y las conexiones logísticas del cargamento.
