América Latina acumuló pérdidas económicas cercanas a los US$100.000 millones por catástrofes naturales durante la última década, según estimaciones del Grupo Swiss Re, proveedor internacional de reaseguros. De ese monto, apenas US$19.000 millones estaban asegurados, lo que dejó una brecha de protección del 81 %. Las cifras reavivan la preocupación por el impacto financiero del cambio climático y sus consecuencias para los hogares, las empresas y las finanzas públicas de los países de la región.
La Asociación Colombiana de Actuarios (ACA) advirtió que los incendios, las lluvias intensas y las granizadas registradas recientemente en distintas zonas de Colombia pueden representar un desafío fiscal. El cambio climático, señaló la organización, dejó de ser exclusivamente una preocupación ambiental para convertirse también en un riesgo financiero capaz de comprometer recursos públicos. La frecuencia y el costo de estos fenómenos obligan a evaluar sus consecuencias económicas más allá de los daños materiales que se observan inmediatamente después de cada emergencia.
Un estudio reciente de Swiss Re estimó que las pérdidas aseguradas globales por catástrofes naturales durante el primer semestre de 2026 alcanzaron los US$42.000 millones. La cifra evidencia la magnitud económica de estos acontecimientos y la presión que pueden ejercer sobre los sistemas de aseguramiento. En América Latina, la diferencia entre las pérdidas totales y los daños cubiertos por pólizas revela que una parte considerable de los costos debe ser asumida directamente por personas, empresas y entidades públicas, aumentando la exposición financiera ante futuros desastres.
El impacto económico del cambio climático y las herramientas para medir sus riesgos forman parte de los asuntos abordados en el IX Simposio Internacional de Actuaría, realizado en Bogotá. Durante el encuentro, Rich Moyer, director de producto en Milliman y especialista en riesgos climáticos, explicó que fenómenos como las inundaciones, los incendios y las altas temperaturas generan costos que todavía no se han medido integralmente en muchos países. Esta falta de dimensionamiento dificulta comprender sus consecuencias sobre la economía y las perspectivas de desarrollo.
Moyer también expuso cómo los efectos climáticos pueden trasladarse al sistema de salud. En un caso de estudio relacionado con la exposición al humo, explicó que las consecuencias pueden incluir enfermedades respiratorias, cáncer y afectaciones a la salud mental. Estas condiciones incrementan las necesidades de atención médica y pueden generar costos prolongados para las personas y los sistemas sanitarios. El ejemplo muestra que las pérdidas asociadas a una emergencia no terminan cuando se controla el incendio o desaparece el fenómeno meteorológico que la desencadenó.
Los daños en viviendas, carreteras y cultivos representan solo una parte de las consecuencias económicas. También deben considerarse la pérdida de empleos, las interrupciones de la actividad productiva y los gastos médicos que pueden extenderse durante meses o años. Según Moyer, estas afectaciones pueden profundizar la vulnerabilidad de determinados grupos sociales, empobrecer a quienes ya enfrentan dificultades económicas o hacer que familias que habían superado esa situación vuelvan a caer en ella. El resultado puede reflejarse en mayores presiones sobre las economías nacionales.
La brecha de aseguramiento agrava el panorama, porque una proporción significativa de las pérdidas por catástrofes naturales no cuenta con cobertura. Cuando hogares y empresas no pueden asumir los costos de recuperación, parte de la carga puede trasladarse al Estado mediante ayudas, reconstrucción de infraestructura y atención de emergencias. Por eso, el riesgo climático sin cobertura aseguradora también puede convertirse en un problema presupuestal. La prevención y la preparación adquieren relevancia como herramientas para reducir la exposición económica y evitar que cada desastre comprometa nuevos recursos públicos.
Frente a este escenario, Moyer planteó la necesidad de invertir en resiliencia para reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar la preparación ante futuros eventos climáticos. El especialista señaló que algunas medidas de protección contra inundaciones pueden resultar hasta 10 veces más costo-efectivas que reconstruir después de un desastre, según lo indicado por Swiss Re. La discusión en el simposio pone sobre la mesa una decisión para gobiernos y empresas: destinar recursos a la prevención hoy puede ayudar a contener pérdidas económicas y sociales mucho mayores mañana.
