La memoria de un país no puede depender de la ideología de quien gobierna. No se trata de gustos ni de afinidades políticas: es nuestra historia. Y no se puede borrar pintando las paredes de gris.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció una “contrarrevolución cultural” y ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones de Carlos Pizarro y otras figuras vinculadas a grupos armados, por considerar que constituyen una apología del terrorismo. La decisión coincidió con el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con la diversidad sexual, las luchas feministas, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016. El mandatario también anunció una lucha frontal contra el wokismo y calificó el lenguaje inclusivo como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”.
El debate va mucho más allá de una disputa ideológica. La pregunta es quién decide qué merece ser recordado, qué debe desaparecer de los espacios públicos y bajo qué criterios se construye la memoria de una nación.
En un país atravesado por décadas de violencia, resulta preocupante que la representación de nuestra historia pueda quedar sujeta a la visión de quien ocupa la Presidencia. El poder es transitorio; las decisiones que afectan la memoria colectiva, en cambio, pueden dejar huellas profundas.
Borrar una imagen no borra los hechos. Retirar una pieza no elimina las responsabilidades históricas. Y silenciar una experiencia no hace desaparecer a quienes la vivieron ni las consecuencias que dejó.
Colombia tiene una historia con las guerrillas que debe conocerse en toda su complejidad: sus orígenes, sus acciones, sus responsabilidades, las víctimas que dejaron y los procesos políticos y sociales que marcaron su existencia. Conocer esa historia no significa justificar la violencia ni convertir a sus protagonistas en héroes. Significa comprender lo ocurrido, reconocer sus consecuencias y aprender de los errores que no podemos permitirnos repetir.
Lo mismo sucede con la memoria de las víctimas, las luchas de las mujeres por sus derechos y las experiencias de las personas LGBTIQ+. Reconocer sus historias no es imponer una ideología; es admitir que también hacen parte de la sociedad colombiana y que sus derechos, sus luchas y sus experiencias no desaparecen porque incomoden a quienes ejercen el poder.
Podemos discrepar del lenguaje inclusivo. Podemos debatir sus alcances, su pertinencia y sus usos. Esa discusión es legítima. Lo que no podemos hacer es convertir el desacuerdo en una razón para desconocer a quienes reclaman reconocimiento o ignorar las transformaciones sociales que han dado lugar a nuevos debates, derechos y garantías.
Señor presidente: el Museo Nacional no es su casa. No es un espacio privado en el que usted decide qué retrato cuelga de la pared, qué objeto conserva en una vitrina o qué historia prefiere no tener a la vista. Es una institución cuya responsabilidad es preservar y comunicar el patrimonio y la historia del país con rigor histórico, contexto y respeto por la pluralidad de la sociedad colombiana.
Usted gobierna para un país de muchos. Y esos muchos tienen historias, identidades, convicciones y derechos que no pueden quedar subordinados a una única visión del mundo.
¿Hasta dónde puede llegar una convicción política antes de convertirse en una imposición sobre la memoria colectiva? ¿Qué ocurre cuando la visión de un gobernante pretende pasar por encima de las luchas ciudadanas, los procesos sociales, los derechos conquistados y los acuerdos que han marcado la historia del país?
Un museo no tiene que absolver a nadie. Tampoco tiene que esconder aquello que resulta incómodo. Su responsabilidad es ofrecer contexto, preservar las huellas del pasado y propiciar una comprensión crítica de lo que fuimos y de lo que somos. Mostrar una figura histórica no equivale a reivindicarla; preservar una memoria no significa justificar los hechos que la rodean.
La memoria no consiste en seleccionar únicamente aquello que nos enorgullece. También exige mirar de frente lo que nos duele, lo que nos divide y aquello que todavía no hemos logrado resolver. Precisamente por eso es necesario preservar las huellas de nuestra historia, incluso cuando nos confrontan con nuestras propias contradicciones.
La historia no le pertenece a un presidente ni a una corriente política. Es un patrimonio colectivo. Gobernar no otorga el poder de decidir qué puede recordar una sociedad ni de borrar aquello que no coincide con la visión de quien ejerce el poder.
Pintar las paredes de gris no cambia lo que ocurrió. Solo hace más difícil verlo.
Y un país que deja de mirar su historia corre el riesgo de volver a cometer sus mismos errores.
Columna de. Carolina Bustamante
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