El séptimo punto de la alocución estuvo dedicado a una decisión que el presidente presentó como un principio elemental de justicia: el fin de los privilegios para los corruptos. Anunció que ordenó revisar, conforme a la ley y sin contemplaciones, el traslado de personas privadas de la libertad que se encuentran en guarniciones militares o estaciones de policía sin cumplir las condiciones legales establecidas para permanecer en esos lugares, en lugar de las cárceles ordinarias que corresponden a su situación judicial.
El mandatario fundamentó esta decisión en una idea central: la corrupción, dijo, no es un delito sin víctimas. Explicó que cuando alguien se roba los recursos destinados a la alimentación infantil, hay un niño que pierde un plato de comida; cuando se desvían fondos educativos, hay un joven al que se le arrebata su futuro; y cuando se sustraen recursos de la salud, hay un paciente que espera un medicamento o una cirugía que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para esa persona y su familia.
Continuando con esta línea argumental, el presidente señaló que cuando se roban los recursos destinados al agua potable, hay familias que siguen abriendo una llave de la que no sale una sola gota, y que cuando se desvía el presupuesto de una carretera, un hospital o un colegio, en realidad se le está robando directamente al pueblo colombiano y no a una entidad abstracta llamada gobierno. Con estos ejemplos buscó humanizar el impacto de la corrupción y justificar la dureza de la medida anunciada frente a los responsables.
El mandatario fue explícito al señalar que se niega a aceptar que quienes utilizaron posiciones privilegiadas dentro del Estado para saquear recursos públicos pretendan después convertir el cumplimiento de su condena en una estadía cómoda o privilegiada. Sostuvo que los llamados "delincuentes de cuello blanco" no pertenecen a una categoría superior de infractores, sino que son corruptos comunes cuyo daño suele ser incluso más devastador, precisamente porque sus víctimas —a diferencia de otros delitos— se cuentan por miles de personas afectadas de manera indirecta pero real.
El presidente pidió a los colombianos pensar, antes de que alguien presione por privilegios para un condenado por corrupción, en los niños a quienes les robaron su alimentación, en los estudiantes que perdieron recursos para sus colegios, en los enfermos que vieron desviado el dinero destinado a su salud, y en las comunidades que llevan décadas esperando agua potable mientras alguien convertía esos recursos públicos en fortuna personal. Insistió en que son esas familias las que deben estar en el centro de las decisiones del Estado en esta materia.
El mandatario planteó que acabar con la cultura de la corrupción en Colombia exige no solo investigaciones, condenas y recuperación efectiva del dinero robado, sino también terminar con la percepción generalizada de que, en el país, la manera de cumplir una condena depende del apellido de la persona, del cargo que ocupó en el pasado o de los contactos que todavía conserve dentro del sistema. Afirmó que la ley debe aplicarse de manera igual para todos los ciudadanos, sin distinción de clase social o posición económica.
En consecuencia, el presidente advirtió que quien robe recursos destinados a la niñez, la salud, la educación o las obras que necesita la gente no tendrá ningún trato especial por haber usado, en sus palabras, "saco y corbata" para delinquir. Subrayó que, en su gobierno, el poder no será un salvoconducto para la impunidad ni un mecanismo para acceder a privilegios dentro del sistema penitenciario, y que esa regla aplicará por igual a funcionarios, contratistas y particulares vinculados con hechos de corrupción comprobados.
Para cerrar este punto, el mandatario resumió su posición con una frase que buscó fijar como principio orientador de su gobierno: la plata pública es sagrada porque es la plata de todos los colombianos, y quien se la robe deberá enfrentar la justicia con todo el peso de la ley, sin ninguna consideración especial. Con este anuncio, el presidente buscó enviar un mensaje tanto a los condenados actuales como a futuros posibles responsables de hechos de corrupción dentro de la administración pública.
