En el sexto punto de su alocución, el presidente abordó dos decisiones judiciales recientes que, según explicó, afectan asuntos sensibles para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. La primera está relacionada con operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la eventual presencia de menores de edad. La segunda ordenó suspender de manera provisional las actividades de aspersión aérea en el departamento del Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela presentada ante la justicia.
El mandatario comenzó este punto señalando un principio que, según dijo, no admite discusión: las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen. Reafirmó su confianza en la separación de poderes, en la independencia judicial y en el Estado de derecho como pilares fundamentales de su gobierno. Sin embargo, precisó que respetar un fallo no significa renunciar a controvertirlo por las vías legales establecidas en la Constitución, especialmente cuando considera que una medida judicial puede interferir con competencias exclusivas del presidente de la República.
Citando directamente el texto constitucional, el presidente recordó que corresponde al jefe de Estado dirigir la fuerza pública, conservar y restablecer el orden público, y dirigir las operaciones de guerra cuando sea necesario. Aclaró que estas facultades tienen límites claros, pues deben ejercerse siempre respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario. No obstante, insistió en que existe una diferencia sustancial entre el control judicial legítimo de esas decisiones y la sustitución del gobierno o del mando militar en la conducción operacional del Estado.
Por esa razón, el mandatario anunció que utilizará todos los mecanismos jurídicos disponibles para defender las competencias constitucionales que le fueron asignadas como presidente. Se detuvo particularmente en el tema del reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, calificando a cada niño reclutado como una víctima y un secuestrado frente al cual el Estado tiene una obligación reforzada de protección. Señaló que la fuerza pública debe actuar siempre con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad en cualquier operación militar.
El presidente advirtió, sin embargo, que esa protección especial hacia los menores no puede convertirse en una ventaja operacional para los grupos criminales que los reclutan. Sostuvo que la responsabilidad penal recae siempre sobre quienes cometen ese delito, es decir, los cabecillas armados, y no puede trasladarse al Estado que busca combatirlos. Advirtió que permitir lo contrario generaría un incentivo perverso: premiaría precisamente a quienes violan el derecho internacional humanitario al utilizar menores como escudo frente a la acción legítima de las autoridades.
En este punto, el mandatario fue claro al señalar que, más allá de lo que jurídicamente corresponda decidir a los jueces, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico le corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello, es decir, al Ejecutivo. Anunció que dio instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe con firmeza en los procesos relacionados con estas decisiones judiciales, buscando garantizar que las herramientas operativas del Estado frente al crimen organizado no se vean limitadas más allá de lo estrictamente necesario.
El presidente quiso dejar claro que su posición no busca convertir este debate en un enfrentamiento personal entre el presidente y los jueces, sino que lo enmarcó como una discusión estrictamente institucional. Reconoció que la tutela existe precisamente para proteger derechos fundamentales y que esa garantía constitucional será siempre respetada por su gobierno. Sin embargo, insistió en que el Estado de derecho también exige que cada rama del poder público ejerza plenamente las competencias que la Constitución le asignó, sin invadir el ámbito de decisión que corresponde a las demás.
Para cerrar este punto, el mandatario resumió su posición con una idea central: un Estado de derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad. Sostuvo que proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles, sino tareas que su gobierno debe cumplir simultáneamente. Reiteró su respeto absoluto por la justicia, pero también su compromiso firme con la defensa de las competencias constitucionales del presidente para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y proteger a la ciudadanía frente a las amenazas del crimen organizado.
