El Ministerio de Transporte anunció una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que funcionan en Colombia. La medida fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y será desarrollada junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes. El propósito será verificar que estos mecanismos cumplan su función de prevenir siniestros y proteger la vida, sin convertirse en instrumentos de recaudo.
La revisión buscará establecer si las cámaras actualmente instaladas cuentan con autorización y respaldo técnico y legal para operar. Las entidades deberán analizar aspectos como la siniestralidad registrada en cada corredor, los límites de velocidad establecidos, la señalización existente y las condiciones particulares de las vías. El Gobierno pretende identificar posibles irregularidades, abusos o incumplimientos relacionados con la instalación y funcionamiento de estos sistemas, especialmente cuando no exista una justificación técnica suficiente para su implementación.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que la detección electrónica debe estar orientada a prevenir siniestros y salvar vidas. La funcionaria advirtió que estos sistemas no pueden convertirse en mecanismos de recaudo que afecten a los ciudadanos. Por ello, aseguró que el Gobierno revisará su funcionamiento en todo el territorio y actuará frente a posibles abusos, irregularidades o incumplimientos que sean encontrados durante el proceso de evaluación adelantado por las entidades responsables.
El anuncio también contempla una revisión de la política nacional relacionada con los sistemas de fotodetección. El Ministerio de Transporte estudiará las reglas que actualmente determinan la autorización de estos dispositivos y analizará la posibilidad de establecer criterios más exigentes para las futuras instalaciones. La intención es que cada nueva cámara responda a una necesidad real de seguridad vial, sustentada mediante información técnica y análisis de las condiciones específicas del lugar donde se pretenda implementar.
La decisión pone nuevamente en discusión el papel de las cámaras dentro de las estrategias nacionales de seguridad vial. Para el Gobierno, la reducción de los siniestros no puede depender exclusivamente de la instalación de dispositivos electrónicos. Las autoridades plantean combinar estas herramientas con soluciones de ingeniería, señalización adecuada, pedagogía y acciones de control. El objetivo es construir intervenciones integrales que respondan a los riesgos particulares de cada corredor y contribuyan a modificar comportamientos que puedan poner en peligro a los usuarios.
La revisión tendrá alcance nacional y deberá involucrar las competencias específicas de las diferentes entidades encargadas de la seguridad y vigilancia del transporte. Además de verificar autorizaciones, se analizará el sustento que permitió instalar los sistemas y las condiciones bajo las cuales están operando. El proceso busca determinar si las cámaras cumplen los criterios técnicos establecidos y si su presencia está relacionada con una necesidad comprobada de prevención de siniestros, control de velocidad o protección de los usuarios.
El Gobierno también planteó que la regulación hacia futuro deberá garantizar un equilibrio entre control y seguridad vial. Las cámaras podrán continuar siendo utilizadas como herramientas para detectar conductas que representen riesgos, pero su implementación deberá responder a criterios verificables y no únicamente a objetivos relacionados con la imposición de comparendos. La revisión anunciada pretende fortalecer la confianza ciudadana en estos sistemas y asegurar que las decisiones sobre fotodetección tengan como prioridad las condiciones de seguridad de cada vía.
Con esta revisión, el Ministerio de Transporte busca redefinir el papel de las fotomultas dentro de la política nacional de seguridad vial y establecer controles más estrictos sobre su funcionamiento. La ministra sostuvo que la seguridad no se resuelve únicamente instalando cámaras y que las decisiones deben corresponder a las condiciones reales de cada corredor. El Gobierno deberá ahora evaluar los sistemas existentes, determinar eventuales irregularidades y definir nuevas reglas para que la protección de la vida prevalezca sobre cualquier interés económico.
