El Ministerio del Trabajo aplazó por 20 días hábiles la conformación y publicación definitiva de las listas de elegibles de la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 2714 del 24 de agosto de 2026 y busca revisar integralmente el proceso antes de avanzar hacia su etapa final. La medida responde a alertas relacionadas con el concurso y pretende garantizar transparencia, confianza y condiciones de igualdad para los participantes.
La determinación fue adoptada después de conocerse denuncias, reportes ciudadanos y decisiones judiciales relacionadas con el concurso convocado mediante la Resolución 1061 de 2026. El proceso fue operado técnica y operativamente por la Universidad de Pamplona, por lo que la revisión buscará establecer si todas las actuaciones cumplieron las condiciones previstas. El Ministerio señaló que el aplazamiento tiene carácter preventivo y pretende verificar las circunstancias advertidas antes de adoptar decisiones definitivas sobre los resultados del concurso.
Entre los aspectos que serán examinados se encuentra la trazabilidad de las decisiones relacionadas con la admisión y exclusión de aspirantes. También serán revisados los registros técnicos correspondientes a las pruebas virtuales, la custodia de los contenidos utilizados durante las evaluaciones y el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas dentro del proceso. La revisión incluirá además posibles conflictos de interés y eventuales accesos a información que no tuviera carácter público durante el desarrollo del concurso.
La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, explicó que la decisión busca proteger los derechos de quienes participaron en el proceso y garantizar legitimidad en sus resultados. “Cuando existen alertas, nuestra obligación es verificarlas antes de tomar decisiones definitivas”, señaló la funcionaria. De acuerdo con el Ministerio, la revisión permitirá establecer si existen situaciones que deban corregirse antes de publicar las listas definitivas y continuar con las actuaciones correspondientes a la selección de los nuevos integrantes.
El aplazamiento no significa la cancelación del concurso ni implica modificaciones sobre los puntajes obtenidos por los participantes. Tampoco supone la exclusión de aspirantes que hayan participado en las diferentes etapas del proceso. Durante los 20 días hábiles establecidos tampoco se realizarán designaciones ni posesiones derivadas del concurso. La medida busca crear un espacio adicional para revisar las alertas conocidas y establecer, con elementos técnicos y jurídicos, las condiciones necesarias para continuar con el procedimiento.
Mientras avanza esta revisión, la atención de las Juntas de Calificación de Invalidez continuará funcionando con normalidad. La Junta Nacional y las Juntas Regionales mantendrán sus actividades y los actuales integrantes seguirán prestando sus servicios conforme a las disposiciones vigentes. El Ministerio aclaró que la decisión administrativa no interrumpe la atención de los usuarios ni modifica los servicios relacionados con los procesos de calificación, por lo que las personas que requieren estos trámites podrán continuar accediendo a ellos.
La Secretaría General del Ministerio coordinará la revisión con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica y personal técnico independiente. El análisis deberá permitir establecer qué ocurrió frente a las alertas conocidas, verificar el cumplimiento de las reglas aplicables y determinar si existen actuaciones que requieran corrección. Una vez concluido este trabajo, será presentado un informe con los resultados y las recomendaciones correspondientes, que servirán como base para definir los pasos siguientes del proceso de selección.
La decisión abre una pausa preventiva en un concurso que tendrá incidencia directa en la conformación de las Juntas de Calificación de Invalidez, entidades fundamentales para los trámites relacionados con la determinación de condiciones de pérdida de capacidad laboral. El Ministerio del Trabajo deberá utilizar este periodo para despejar las dudas planteadas, garantizar igualdad entre participantes y fortalecer la confianza en el proceso. Con la revisión independiente, la administración busca que la etapa definitiva avance sobre criterios verificables y con mayores garantías de transparencia.
