El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, oficializaron en la noche del jueves 13 de agosto un acuerdo sin precedentes con el sector privado de la construcción para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4. El mandatario se reunió con gremios y empresarios del sector construcción para diseñar una estrategia que beneficiará a más de 65.000 viviendas destruidas o averiadas. Los gremios firmantes fueron Camacol, la ANDI, la SAC, Asobancaria y la Cámara Colombiana de la Construcción, en lo que el gobierno calificó como un hito en la gestión de desastres del país.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, detalló las medidas inmediatas: “De manera urgente, ya el presidente lo anunció, vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo. En las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de esas familias que están en este momento de crisis”. Ese paquete de alivio inmediato acompaña el proceso más largo de reconstrucción, garantizando que las familias damnificadas tengan un respiro económico mientras el Estado y el sector privado trabajan en la recuperación de sus hogares.
El ministro Beltrán detalló que la estrategia se ejecutará en tres fases simultáneas: albergue transitorio digno para las familias en riesgo con una meta de 100.000 soluciones en 90 días; reconstrucción de vivienda nueva bajo estándares sismorresistentes actualizados con una meta de 200.000 unidades en 36 meses; y rehabilitación de infraestructura pública y productiva para reactivar la economía regional. El funcionario fue enfático en la orientación que tendrá el proceso: “No vamos a reconstruir la vulnerabilidad”, señalando la adopción obligatoria del nuevo Código Nacional de Construcción Sismorresistente NSR-26, cuya entrada en vigencia se adelantará por decreto de emergencia.
De acuerdo con el ministro de Vivienda, las empresas aportarán maquinaria amarilla para apoyar las labores relacionadas con la remoción de escombros. “Sin la capacidad operativa del sector privado sería imposible avanzar al ritmo que necesitamos”, explicó Beltrán. También se pondrá en marcha un banco de materiales, que permitirá canalizar recursos y materiales a través de las alcaldías y gobernaciones para atender las necesidades identificadas en cada territorio. “Queremos que los materiales lleguen directamente a donde se necesitan, sin intermediaciones innecesarias”, señaló el ministro.
Los gremios firmantes asumieron compromisos operativos concretos: las constructoras aportarán capacidad de ejecución de obra y gestión de cadenas de suministro, mientras el sector financiero diseñará productos de crédito blando para hogares y Mipymes afectadas, con períodos de gracia de 24 meses y tasas subsidiadas. Esa dimensión financiera del acuerdo es una de las más significativas para los pequeños empresarios que vieron sus negocios destruidos o severamente dañados por el terremoto, y que necesitan acceso a crédito flexible para poder reactivarse sin caer en una deuda impagable en medio de la crisis.
Sobre el mejoramiento de vivienda, el ministro anunció que “vamos a tener un ejército de profesionales a partir de la próxima semana en territorio, levantando un diagnóstico real de cuántas casas” necesitan intervención. Esa declaración establece un horizonte concreto: la semana entrante comenzará el censo técnico puerta a puerta que permitirá determinar qué viviendas son reparables, cuáles deben ser demolidas y en cuáles los propietarios pueden regresar con condiciones de seguridad. Sin ese diagnóstico, ninguna decisión de reconstrucción puede tomarse con certeza.
“La articulación entre los diferentes sectores nos va a permitir salir adelante”, señaló el ministro Beltrán. Esa frase resume la apuesta central del acuerdo: que la reconstrucción de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto no sea un proyecto exclusivamente estatal sino una tarea compartida entre el gobierno nacional, los entes territoriales y el sector privado, cada uno aportando desde sus capacidades específicas. El Estado pone el marco jurídico y los recursos públicos, las alcaldías y gobernaciones ponen el conocimiento territorial y la capilaridad institucional, y los empresarios ponen la maquinaria, los materiales y el crédito.
Con este acuerdo, el gobierno De la Espriella cierra su primera semana de mandato con una hoja de ruta de reconstrucción que combina la atención inmediata de las familias sin techo con una visión de largo plazo que busca no solo reparar lo que cayó sino construir mejor de lo que había. Pereira, que en 1999 ya vivió un terremoto devastador y que ahora vuelve a sufrir la misma tragedia, merece que esta vez la reconstrucción no reproduzca la vulnerabilidad que el 10 de agosto quedó al descubierto. El ministro Beltrán lo dijo con claridad: no se trata de reconstruir lo mismo, sino de construir lo que Colombia debió haber construido desde hace mucho tiempo.
