Una emergencia registrada en la vereda Puerto Rico, municipio de Policarpa, Nariño, dejó 13 personas fallecidas y 7 heridas, según el reporte entregado por la Agencia Nacional de Minería, ANM. El hecho ocurrió en un sector donde, de manera preliminar, se desarrollaban actividades de extracción ilícita de oro mediante maquinaria amarilla operada sin control. El colapso de parte de un talud, provocado por la desestabilización del terreno, habría desencadenado la emergencia que enluta a varias familias.
La Agencia Nacional de Minería expresó su solidaridad con las familias de las 13 personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con la comunidad de Policarpa que enfrenta las consecuencias de la tragedia. La entidad señaló que desde los primeros momentos de la emergencia su equipo de Seguridad y Salvamento Minero se vinculó a las labores de atención. Los funcionarios permanecen articulados con las autoridades locales y los organismos de socorro que participan en la respuesta desplegada en territorio.
De acuerdo con la información preliminar suministrada por la ANM, la emergencia se presentó en un lugar donde presuntamente se adelantaban actividades de extracción ilícita de oro. En el sitio se habría utilizado maquinaria amarilla sin controles adecuados, mientras las condiciones del terreno terminaron generando el colapso de una parte del talud. La situación evidencia los riesgos asociados con operaciones mineras desarrolladas al margen de los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos para proteger a quienes participan en estas actividades.
La ANM advirtió que la extracción ilícita de minerales genera consecuencias que van más allá de las afectaciones ambientales y sociales. La ausencia de controles técnicos y de condiciones adecuadas de seguridad puede incrementar la exposición de los trabajadores a accidentes graves y poner en riesgo la vida de familias y comunidades cercanas. El caso de Policarpa vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las acciones institucionales orientadas a prevenir emergencias y promover actividades mineras desarrolladas bajo condiciones seguras.
La tragedia también plantea un llamado a fortalecer los procesos de formalización y legalidad dentro de las actividades mineras. Para la ANM, avanzar hacia operaciones reguladas permite establecer condiciones técnicas y de seguridad que reduzcan los riesgos para los trabajadores. La entidad sostiene que la minería debe desarrollarse bajo parámetros que protejan a las personas involucradas, sus familias, las comunidades y el territorio. La construcción de alternativas dentro del marco legal aparece así como una herramienta para prevenir nuevas emergencias.
Mientras continúan las labores de atención, los equipos especializados mantienen la coordinación con las autoridades locales y los organismos de socorro presentes en Policarpa. El acompañamiento de Seguridad y Salvamento Minero busca contribuir a la respuesta institucional frente a la emergencia y aportar capacidades técnicas durante las acciones desplegadas. La prioridad permanece centrada en atender a las personas afectadas, acompañar a la comunidad y apoyar las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el colapso del terreno.
El accidente ocurrido en Puerto Rico deja además una advertencia sobre los peligros que pueden presentarse cuando las actividades de extracción se desarrollan sin controles adecuados. La manipulación de maquinaria pesada, la intervención de terrenos y la inestabilidad de taludes requieren conocimientos técnicos, protocolos de seguridad y supervisión permanente. Cuando estos elementos están ausentes, las condiciones pueden cambiar rápidamente y generar consecuencias de gravedad. La ANM reiteró la importancia de que quienes desarrollan actividades mineras avancen hacia escenarios regulados y seguros.
La Agencia Nacional de Minería aseguró que continuará acompañando a las autoridades y a la comunidad de Policarpa, mientras promueve estrategias orientadas a fortalecer la seguridad de los mineros que desarrollen su actividad dentro del marco de la ley. La emergencia deja 13 personas fallecidas y 7 heridas, además de familias y una comunidad afectadas por la tragedia. Para la entidad, el desafío consiste en convertir este hecho doloroso en un llamado a reforzar la prevención, la legalidad y las condiciones de seguridad en la actividad minera.
