Durante el acto del 47 aniversario de la revolución sandinista celebrado en Managua este domingo 19 de julio de 2026, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país. Lo que durante años fue una realidad soterrada detrás de procesos electorales amañados y candidatos encarcelados, se convirtió en declaración pública y sin eufemismos: el régimen sandinista no permitirá que la oposición llegue al poder por la vía de las urnas. Nicaragua dejó de simular que es una democracia.
“Aquí en Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos —la oposición— atrapar el gobierno, atrapar el poder”, enfatizó Ortega ante la multitud congregada en Managua. La frase, pronunciada en uno de los actos de masas más simbólicos del calendario político nicaragüense, no fue un lapsus ni una provocación retórica: fue una política de Estado anunciada con la calma de quien sabe que no tiene a nadie que lo detenga dentro de sus propias fronteras. Ortega, un exguerrillero de 80 años que gobierna desde 2007, anunció además que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, trabajará para aprobar leyes que, en sus palabras, le pongan “un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias”, y agregó que “por mucha plata que le den los yanquis, no podrán”.
La declaración consolida el giro autoritario que dio el país a mediados de febrero de 2025 con una profunda reforma constitucional que no solo eliminó la separación de poderes, sino que otorgó control total a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, quien fue elevada formalmente al rango de copresidenta. La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, dispuso que el Ejecutivo “coordine” los demás órganos del Estado, que dejaron de llamarse poderes, y legalizó la apatridia, es decir, la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los ciudadanos. Con esa reforma, Nicaragua dejó de tener separación de poderes en el papel y en la práctica.
Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial, por lo que en teoría los próximos comicios serían en noviembre de 2027. Ahora, con la declaración de Ortega, ni siquiera ese horizonte tiene certeza. El mandatario habló este domingo no de posponer elecciones sino de eliminarlas como mecanismo de alternancia, convirtiendo lo que era una amenaza implícita en una sentencia formal pronunciada ante sus propios seguidores en el aniversario de la revolución que alguna vez prometió liberar a Nicaragua de una dictadura.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, porque sabe que no puede ganar en un proceso electoral libre. La posición de Washington frente al régimen de Managua se ha endurecido progresivamente, pero las sanciones internacionales no han logrado cambiar el comportamiento del binomio Ortega-Murillo, que ha utilizado cada presión externa como argumento para reforzar su narrativa de resistencia antiimperialista ante sus bases internas.
En su discurso, Ortega también se dirigió contra Washington por la captura en enero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusó a las “fieras diabólicas” de querer “dominar los pueblos para robarles sus riquezas”. La defensa de Maduro, capturado por operaciones militares estadounidenses en Caracas, revela la solidaridad ideológica que Ortega mantiene con los últimos reductos del proyecto bolivariano en la región, al tiempo que refuerza su autoimagen de resistente frente a lo que él llama el imperialismo norteamericano, un recurso retórico que usa con la misma fluidez desde hace cuatro décadas.
El colectivo Nicaragua Nunca Más, que trabaja desde Costa Rica, denunció que el gobierno ha despojado a la sociedad civil de todos sus derechos. “El Frente Sandinista se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua”, dijo Salvador Marenco, coordinador de la organización. “Hay un mensaje claro: no hay forma de que haya un cambio en Nicaragua de forma democrática y pacífica, que él espera morir en el poder y que el FSLN siga gobernando”, agregó. Las palabras de Marenco resumen con precisión lo que la declaración de Ortega confirmó ante el mundo este domingo.
Lo que ocurrió en Managua el 19 de julio de 2026 no es un capítulo más en la historia del autoritarismo latinoamericano: es la firma pública de un acta de defunción de la democracia en Nicaragua. Ortega no se limitó a gobernar sin oposición real, como lo hacía desde hace años. Decidió declararlo. Con esa declaración, Nicaragua deja de pertenecer al grupo de países que mantienen la apariencia de democracia y pasa a integrar, sin disimulo, la lista de regímenes que gobiernan por la fuerza, la ley hecha a su medida y la voluntad de perpetuarse en el poder sin importar lo que opinen sus ciudadanos ni la comunidad internacional.
