La vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina lideró la sexta sesión de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel (CIAN), instancia creada para garantizar la protección inmediata de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas Awá y Eperara-Siapidaara en el Pacífico nariñense. Durante la jornada, se evaluó el cumplimiento del Auto 620 de 2017 de la Corte Constitucional, reafirmando el compromiso del Gobierno nacional por superar las condiciones de vulnerabilidad histórica que afectan a estos pueblos étnicos.
Uno de los resultados más significativos presentados fue el balance del Plan Urgente de Reacción y Contingencia (PURC). Esta herramienta, diseñada para atender las crisis humanitarias en la región, permitió la implementación efectiva de 140 medidas de impacto con una inversión superior a los $60.440 millones de pesos. Márquez Mina resaltó que la concertación de 418 medidas globales fue posible mediante más de 1.000 reuniones de coordinación entre las entidades estatales y las organizaciones de base étnica.
En la sesión también se socializaron los resultados del primer ciclo de certificación institucional, mecanismo aprobado por unanimidad en noviembre de 2025 en Tumaco. Esta herramienta de evaluación permite medir con criterios objetivos y verificables la contribución de cada entidad gubernamental a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la alta corte. La certificación fortalece la transparencia y orienta la toma de decisiones para acelerar el cumplimiento de las órdenes judiciales en los territorios priorizados.
El coordinador del Grupo de Seguimiento, Oscar Espitia, señaló que la coordinación interinstitucional ha sido el motor para materializar las garantías prometidas a las comunidades. La metodología implementada obliga a que cada cartera ministerial rinda cuentas claras sobre sus avances, asegurando que los recursos invertidos se traduzcan en protección efectiva para los derechos fundamentales, la seguridad territorial y el desarrollo de proyectos que dignifiquen la vida en el Pacífico nariñense, un objetivo central de la actual administración.
La vicepresidencia subrayó que el modelo de seguimiento implementado en este cuatrienio busca dejar bases institucionales sólidas para la continuidad de la política de protección. La articulación con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes ha permitido que las soluciones no sean impuestas, sino concertadas, respetando sus cosmovisiones y su autonomía sobre los territorios. Este enfoque diferencial es vital para revertir las afectaciones derivadas del conflicto armado y garantizar la pervivencia cultural de estas comunidades ancestrales.
El instrumento de certificación funciona, además, como un ejercicio de rendición de cuentas permanente. Al establecer métricas claras sobre la implementación del PURC, el Gobierno nacional busca que los compromisos adquiridos no queden en el papel, sino que se conviertan en realidades que mejoren las condiciones de habitabilidad, salud y educación de las poblaciones. La celeridad en la ejecución presupuestal es un mandato que busca responder a la urgencia que la situación humanitaria del Pacífico ha reclamado durante años.
El encuentro permitió ratificar que la superación del Estado de Cosas Inconstitucional es una labor de largo aliento que requiere la voluntad política de todos los niveles del Estado. La vicepresidenta reafirmó que el seguimiento técnico continuará siendo riguroso, evitando que los avances logrados se vean truncados por cambios administrativos. La protección de los territorios étnicos es, a su vez, una forma de proteger el tejido social y ambiental que define la riqueza cultural de la región nariñense.
El compromiso con la dignidad de las comunidades étnicas del país seguirá guiando la gestión gubernamental en lo que resta del periodo. Con las herramientas de evaluación implementadas y el presupuesto ejecutado en el marco del PURC, se busca cerrar el cuatrienio con un balance que siente las bases de un desarrollo territorial más justo. La consigna de la alta mandataria, "hasta que la dignidad se haga costumbre", resume la visión política que ha orientado cada una de las intervenciones estatales realizadas bajo la sombrilla del Auto 620.
