La Fiscalía General de la Nación logró judicializar formalmente a Weimar Alexander Castillo, conocido en el ámbito criminal con el alias de 300, por su presunta participación directa en la desaparición forzada de un ingeniero forestal. Los hechos investigados ocurrieron el 4 de abril de 2022 en la cabecera urbana del municipio de San Andrés de Cuerquia, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, generando profunda consternación en toda la comunidad regional del país.
De acuerdo con el riguroso material probatorio recolectado por los investigadores estatales, el procesado sería integrante activo del peligroso grupo delincuencial conocido como El Mesa. Las pesquisas técnicas indican que alias 300 habría participado de manera directa en la retención ilegal de la víctima en complicidad con otros hombres armados, encargándose personalmente de conducir la camioneta institucional que los agresores obligaron a abordar al profesional ambiental durante su trayecto matutino habitual en la zona urbana.
El informe oficial de policía judicial detalló que, el día de los lamentables hechos, el ingeniero forestal salió del hotel donde se hospedaba temporalmente con la firme intención de desayunar. En ese preciso momento fue interceptado violentamente en la vía pública, intimidado con armas de fuego de corto alcance, golpeado en repetidas ocasiones y reducido a la fuerza para ser introducido contra su voluntad en el automotor de los plagiarios en el casco urbano local.
La investigación penal permitió establecer con suficiencia probatoria que la víctima secuestrada fue trasladada inicialmente hacia una vivienda clandestina ubicada en el sector rural de la región. En dicho inmueble, varios testigos observaron al profesional severamente lesionado en el rostro y maniatado de las manos para evitar cualquier intento de resistencia física. Horas más tarde, los victimarios lo embarcaron nuevamente en un automotor para conducirlo con rumbo desconocido hacia las afueras de la localidad urbana antioqueña.
Desde el preciso momento en que se perpetró el secuestro y posterior traslado a zonas periféricas del municipio, las autoridades perdieron todo rastro sobre la ubicación exacta del ingeniero ambiental. Los operativos de búsqueda desplegados por los organismos de socorro y la fuerza pública no han logrado esclarecer el paradero de la víctima, convirtiendo el caso en una dolorosa incógnita para sus familiares y allegados, quienes exigen justicia pronta y efectiva ante los tribunales competentes.
Durante las audiencias preliminares concentradas desarrolladas recientemente ante los estrados judiciales, un fiscal especializado adscrito al ente acusador le imputó formalmente a alias 300 el grave delito de desaparición forzada. Durante la respectiva diligencia legal correspondiente, el procesado decidió firmemente no aceptar los cargos penales endilgados por la fiscalía general. No obstante, por estricta solicitud de la entidad, una jueza con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural carcelaria en su contra.
Las autoridades judiciales recordaron firmemente que por este mismo caso criminal ya han sido judicializadas con anterioridad otras dos personas presuntamente vinculadas a la red delictiva local. La captura del peligroso imputado fue materializada de manera efectiva gracias a un operativo táctico conjunto ejecutado por servidores especializados del Cuerpo Técnico de Investigación y unidades del Gaula Militar en el municipio antioqueño de Bello, cerrándole el cerco definitivo a los integrantes de la estructura armada ilegal.
Avanzar firmemente en el esclarecimiento de crímenes atroces como la desaparición forzada ratifica el inquebrantable compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos en las regiones colombianas. Los organismos de investigación continuarán adelantando las diligencias necesarias para dar con el paradero de la víctima y capturar a todos los responsables. Garantizar la sanción ejemplar de estos delitos protege la integridad de los profesionales que desempeñan labores ambientales en los territorios más vulnerables del país.
