La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente cargos ante un juez de control de garantías a Herbert Arnulfo Buitrago Galán, quien se desempeñaba como exdirector de logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional. La diligencia judicial cobijó igualmente a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y al ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie por su presunta intervención dolosa en graves anomalías detectadas dentro de un millonario contrato estatal suscrito recientemente.
El proceso contractual investigado corresponde al acuerdo suscrito el 31 de diciembre de 2024 por la cuantiosa suma de 32 millones de dólares, cuyo objeto principal consistía en garantizar el mantenimiento técnico de la flota de helicópteros rusos MI-17 adscrita al Ejército Nacional. Las pesquisas adelantadas por un fiscal delegado revelaron detalladamente que el proceso fue direccionado irregularmente a favor de la empresa representada por el extranjero utilizando una modalidad de contratación oficial considerada totalmente inapropiada.
Los investigadores estatales establecieron plenamente que el proceso de selección fue manipulado entre septiembre y diciembre de 2024 para favorecer indebidamente al contratista privado. Para lograr dicho propósito ilícito, las condiciones habilitantes del pliego fueron ajustadas a la medida y se adelantaron múltiples gestiones administrativas encaminadas a facilitar su adjudicación directa. La empresa ganadora carecía flagrantemente de la capacidad técnica, jurídica, financiera y de la experiencia indispensable requerida para cumplir con las altas exigencias contractuales.
El material probatorio recopilado detalla puntualmente que Buitrago Galán presuntamente impartió instrucciones directas para direccionar el proceso, coordinó el intercambio de información confidencial con los particulares involucrados, sirvió como traductor oficial en las comunicaciones con Montgomerie y entregó una cotización por 36 millones de dólares para estructurar el contrato. Asimismo, el exfuncionario habría ignorado deliberadamente múltiples informes técnicos que advertían formalmente sobre la absoluta incapacidad operativa del contratista extranjero seleccionado para ejecutar debidamente las obras.
Por su parte, Uribe Forero y Montgomerie participaron activamente en diversas reuniones técnicas de estructuración contractual. Posteriormente, Uribe Forero intervino de manera irregular para modificar la modalidad de pago, logrando autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 por ciento del valor total del pacto financiero. Gracias a esta maniobra, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, a pesar de que el contratista solo había ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares.
Ante el evidente incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas para salvaguardar la operatividad de las aeronaves militares, el Ministerio de Defensa Nacional declaró formalmente el incumplimiento del contrato en noviembre de 2025. Esta decisiva actuación administrativa abrió paso a las profundas indagaciones penales que hoy permiten destramar la compleja red de corrupción institucional que facilitó el desvío de los cuantiosos recursos públicos destinados a proteger la soberanía, la seguridad y la defensa integral de la nación.
Durante la respectiva audiencia pública desarrollada recientemente, la fiscalía imputó al exdirector de logística el grave delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A los particulares Uribe Forero y Montgomerie se les endilgaron los punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos iniciales formulados por el representante del ente acusador estatal.
Investigar rigurosamente la contratación estatal en el sector defensa protege los recursos públicos asignados a la seguridad nacional frente a la creciente corrupción administrativa actual. Las altas autoridades judiciales continuarán recolectando nuevos elementos materiales probatorios para determinar la posible participación de otros actores en estas graves irregularidades. Sancionar con absoluta severidad estas conductas ilícitas fortalece la transparencia institucional y garantiza que los fondos del Estado se inviertan exclusivamente en beneficio de todos los ciudadanos colombianos.
