Un juez penal de conocimiento profirió sentencia condenatoria en contra de Yeiner Alexis García Romero, tras hallarlo responsable del delito de tráfico de migrantes. La decisión judicial se originó luego de que el procesado suscribiera un preacuerdo formal con la Fiscalía General de la Nación, aceptando su participación en el traslado clandestino de cinco ciudadanos de origen haitiano que transitaban por el territorio nacional en condición de irregularidad migratoria.
Los fundamentos de la condena recaen sobre los hechos documentados el 11 de enero de 2023, cuando unidades operativas de la Policía Nacional interceptaron un vehículo de transporte público en el kilómetro 27 de la vía Rumichaca – Pasto, específicamente en la vereda La Josefina, zona rural del municipio de El Contadero en Nariño. Al practicar la inspección reglamentaria al automotor, los uniformados descubrieron a los extranjeros hacinados, careciendo de visados o sellos oficiales de ingreso.
Las labores de policía judicial dirigidas por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitieron establecer que García Romero operaba como eslabón logístico dentro de una estructura transnacional. El plan criminal consistía en movilizar a las víctimas mediante una ruta clandestina que conectaba la zona fronteriza de Ipiales con el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño, cobrando por cada pasajero una tarifa de 195 dólares estadounidenses.
La investigación evidenció que el conductor no contaba con los permisos legales ni las habilitaciones comerciales requeridas para prestar servicios de transporte intermunicipal de pasajeros, utilizando el vehículo como fachada para las actividades ilícitas de la organización. Las autoridades determinaron que el modus operandi de esta red ilegal vulneraba los controles migratorios del Estado, exponiendo a los migrantes a situaciones extremas de vulnerabilidad durante sus desplazamientos por las carreteras del suroccidente colombiano.
Tras evaluar el preacuerdo presentado por el ente investigador, el despacho judicial impuso al condenado una pena principal de cuatro años de prisión efectiva. Adicionalmente, el fallo contempla el pago de una multa económica equivalente a 33,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación permanente para el ejercicio de derechos y funciones públicas, neutralizando su capacidad operativa dentro de estas estructuras delictivas dedicadas al tráfico ilegal de personas.
El juez de conocimiento determinó además negar los subrogados penales solicitados por la defensa, por lo que el sentenciado no podrá acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria. Esta decisión obliga a que el transportador cumpla la totalidad de su condena internado en un establecimiento penitenciario, garantizando el rigor punitivo frente a delitos que atentan contra la soberanía y los derechos humanos de los migrantes.
La Fiscalía General de la Nación destacó que este fallo judicial representa un golpe contundente contra las redes de intermediación criminal que lucran con el tránsito irregular de extranjeros en el territorio nacional. Los fiscales especializados continúan desplegando operativos en los corredores viales estratégicos del sur del país para identificar a otros cabecillas e integrantes de estas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes hacia Centroamérica.
Las autoridades migratorias y de policía reiteraron su compromiso de mantener una vigilancia estricta en las vías nacionales para desarticular las rutas clandestinas utilizadas por las mafias. Con estas sentencias condenatorias, el sistema judicial colombiano busca enviar un mensaje disuasivo a quienes prestan sus vehículos y servicios para facilitar el tráfico ilegal de personas, priorizando la protección de los flujos migratorios regulares y seguros en el país.
