El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reveló este miércoles 22 de julio de 2026 en Barranquilla que el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó oficialmente al Ministerio abstenerse de continuar con la ejecución y ampliación del programa Colombia Solar durante el periodo de transición. El anuncio fue hecho en plena entrega de facturas con beneficios a usuarios del programa en la capital del Atlántico, y fue presentado por el gobierno saliente como una señal de que el nuevo gobierno frenaría una iniciativa que convierte subsidios en activos solares para hogares vulnerables. Lo que Palma omitió es el contexto completo de una transición que lleva semanas rota y que hace de cualquier intercambio entre los equipos una pieza cargada de tensión política desde ambos lados.
La solicitud de frenar Colombia Solar no llegó en el vacío. El 7 de julio de 2026, el presidente electo De la Espriella ordenó la suspensión total del proceso de empalme con el gobierno saliente, luego de que este tomara una serie de decisiones que el equipo de transición calificó como inapropiadas durante el periodo de transferencia. “Acabo de darle instrucciones al vicepresidente electo para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo”, afirmó De la Espriella en ese momento. El rompimiento fue total: los delegados del gobierno entrante dejaron de asistir a las reuniones técnicas, y ministros del gobierno saliente terminaron exponiendo sus informes ante sillas vacías. En ese contexto, la comunicación del equipo de empalme sobre Colombia Solar es anterior a esa ruptura total, y su divulgación pública este 22 de julio por parte de Palma tiene una lectura política evidente.
El programa Colombia Solar, presentado por el gobierno Petro como uno de sus emblemas en materia de democratización de la energía, consiste en convertir los subsidios energéticos tradicionales en paneles solares instalados en los hogares de los estratos más bajos, permitiéndoles generar su propia energía y reducir sus facturas. El Ministerio de Minas señaló que el país pasó de 200 megavatios de capacidad solar instalada en 2022 a cerca de 4.400 MW en 2026, un crecimiento superior al 2.200%, y que las fuentes solar y eólica aportaron 12.326 GWh al Sistema Interconectado Nacional durante el cuatrienio. Esas cifras son reales y relevantes, pero mezclan la expansión general del sector renovable en Colombia con los resultados específicos de Colombia Solar, cuyo alcance, costos y sostenibilidad financiera son aspectos sobre los que el gobierno saliente no ha entregado información completa.
La pregunta que la declaración de Palma no responde es cuánto cuesta Colombia Solar, cómo se financia y si su modelo es sostenible a largo plazo sin subsidio permanente del Estado. Convertir subsidios en paneles solares suena bien ante las cámaras, pero implica un esquema de inversión inicial significativa por hogar, una cadena de instalación y mantenimiento que debe funcionar en territorios a veces de difícil acceso, y una estructura financiera que el gobierno saliente no ha explicado con transparencia en medio de una discusión pública dominada por el relato político. Que el equipo de empalme del gobierno entrante haya pedido revisar el ritmo y alcance del programa antes de comprometerse con su continuidad es, en términos de gestión pública responsable, una postura razonable para cualquier gobierno que recibe una herencia fiscal sin auditar.
El trasfondo financiero es el que más incomoda al gobierno saliente. Palma y el presidente Petro han denunciado repetidamente que las finanzas públicas que heredará De la Espriella son más sólidas de lo que el gobierno entrante pretende. Pero el equipo económico del presidente electo, liderado por el ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez, ha sido enfático en señalar que el estado real de las finanzas está siendo revisado y que no se comprometerán recursos con programas cuya sostenibilidad no esté garantizada. En ese marco, pedir una pausa en Colombia Solar no es necesariamente un rechazo ideológico a la energía solar: puede ser, y probablemente es, una señal de que el gobierno entrante quiere saber primero cuánto cuesta antes de firmar compromisos de ejecución y ampliación que luego deberá honrar con su propio presupuesto.
Lo que la postura del ministerio de Minas omite deliberadamente es que la ministra designada por De la Espriella, María Nohemí Arboleda, tiene una trayectoria impecable en el sector energético colombiano. Fue gerente de XM por más de 5 años, la entidad que opera el Sistema Interconectado Nacional, y llega al cargo con un conocimiento técnico del sistema eléctrico que pocos funcionarios del sector pueden igualar. Que una ministra con ese perfil pida revisar un programa energético antes de comprometerse con su ampliación no es una señal antirenovable: es exactamente lo que se espera de una técnica rigurosa frente a decisiones que involucran recursos públicos y compromisos de largo plazo con miles de hogares colombianos.
La divulgación de la comunicación del equipo de empalme por parte de Palma desde un evento público en Barranquilla, el mismo día en que la transición lleva semanas rota, no es un acto de transparencia institucional: es un movimiento político de fin de mandato destinado a instalar en la opinión pública la narrativa de que el nuevo gobierno es antipobres y antitransición energética. Que se haga precisamente el 22 de julio, a 16 días de la posesión, y en medio de la entrega de facturas con beneficios a familias vulnerables, refuerza esa lectura. El gobierno saliente no exhibe Colombia Solar como un logro que quiere proteger: lo usa como instrumento de presión política contra una administración que aún no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el programa.
El debate sobre Colombia Solar revela algo más profundo que una disputa por paneles solares. La transición entre el gobierno saliente y el entrante se convirtió en un campo de batalla donde la información se usa como munición y donde los programas sociales son los rehenes. Lo que Colombia necesita es que ambos gobiernos pongan la continuidad de los servicios a los ciudadanos más vulnerables por encima de sus disputas políticas, algo que ninguno de los dos ha demostrado estar dispuesto a hacer con la madurez que el momento histórico exige.
