La Procuraduría General de la Nación rechazó de manera categórica el asesinato de 11 menores de edad en el departamento del Guaviare, producto de los recientes combates entre estructuras criminales. El Procurador General, Gregorio Eljach, condenó este hecho violento derivado de las confrontaciones armadas entre las disidencias comandadas por alias ‘Iván Mordisco’ y las facciones lideradas por alias ‘Calarcá’. La tragedia se registró en la vereda Pipiral, perteneciente al corregimiento de Barranco Colorado en la jurisdicción municipal de San José del Guaviare.
Ante la gravedad de la situación en el sur del país, el jefe del Ministerio Público emitió una exigencia perentoria a los organismos del Gobierno Nacional encargados de liderar las políticas públicas de infancia. Eljach instó a las carteras correspondientes a asumir su responsabilidad institucional sin ningún tipo de dilaciones o excusas administrativas. La entidad de control enfatizó que es un deber del Estado evitar que las estructuras al margen de la ley continúen utilizando a los niños, niñas y adolescentes como escudos en medio de sus disputas internas.
El órgano de control precisó que los hechos ocurridos en territorio guaviarense constituyen una flagrante y grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Al tratarse de crímenes de guerra cometidos contra una población civil protegida, la Procuraduría recordó que estas conductas bajo ninguna circunstancia son susceptibles de recibir beneficios jurídicos como la amnistía o el indulto. En ese sentido, las autoridades judiciales competentes recibieron la instrucción de perseguir a los autores materiales e intelectuales con toda la severidad de la ley.
La postura institucional del Ministerio Público reafirmó que las niñas, niños y adolescentes no pertenecen a la guerra y que su entorno debe estar completamente blindado de la violencia por parte de la sociedad y el Estado. La delegada para los Derechos Humanos iniciará un seguimiento especial en la zona para verificar el despliegue de las alertas tempranas por parte de las fuerzas militares. Las agencias de cooperación internacional ya han sido notificadas sobre el alarmante reclutamiento forzado que alimenta estos choques armados en las zonas rurales periféricas.
El personero de San José del Guaviare solicitó de manera urgente el envío de una misión humanitaria interdisciplinaria que permita verificar la situación de confinamiento y desplazamiento que sufren las familias de la vereda Pipiral. Los habitantes del corregimiento de Barranco Colorado expresaron que el temor a nuevos combates mantiene suspendidas las actividades escolares y comerciales en la región. Las autoridades locales advierten que la falta de conectividad vial y las dificultades de acceso fluvial retrasan el ingreso de las ayudas de primera necesidad enviadas desde el centro del país.
Por su parte, el comando de las Fuerzas Militares ordenó el traslado inmediato de tropas aerotransportadas y batallones de despliegue rápido para recuperar el control territorial en los corredores de movilidad del Guaviare. Los análisis de inteligencia militar indican que estas dos facciones de las disidencias se disputan las rutas de narcotráfico y las rentas ilegales derivadas de la extorsión a ganaderos y comerciantes. Los operativos conjuntos con la Policía Nacional buscan cerrarle el paso a los reductos armados que intentan mimetizarse entre la población civil.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad Especial de Investigación, designó un equipo de peritos forenses y fiscales especializados para adelantar los actos urgentes y la recolección de material probatorio en el lugar de los hechos. El ente acusador trabajará de la mano con los testimonios bajo reserva de los líderes comunitarios para consolidar las órdenes de captura contra los cabecillas de ambos bandos delincuenciales. El proceso judicial buscará sentar una base de imputación sólida que impida el otorgamiento de preventivas domiciliarias a los capturados.
La resolución de esta crisis humanitaria demandará una intervención integral del Gobierno que trascienda la respuesta exclusivamente militar mediante inversiones en infraestructura social, educación y conectividad para el agro. Mientras los cuerpos de los 11 menores de edad son trasladados a las sedes de Medicina Legal para sus respectivas labores de identificación legal, el país entero se une al clamor por la defensa de los derechos de la niñez. La Procuraduría General de la Nación mantendrá el monitoreo sobre los compromisos adquiridos por el sistema de bienestar familiar para proteger la vida en el Guaviare.
