La Fiscalía General de la Nación logró una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González. Los procesados estarían involucrados en la desaparición forzada de un taxista ocurrida el 19 de diciembre de 2025 en la localidad de Bosa. Las autoridades judiciales destacaron que el material probatorio recolectado durante la investigación inicial fue determinante para vincular a los dos señalados con este grave suceso criminal.
Según la reconstrucción del caso, la víctima inició su jornada laboral en la mañana del 19 de diciembre de 2025. Tras desplazarse por el sector, el conductor ingresó a una barbería local, establecimiento desde el cual no se tuvo más información sobre su paradero. Este hecho encendió las alarmas de los familiares y vecinos, quienes reportaron la desaparición ante las autoridades competentes para iniciar las labores de búsqueda inmediata y urgente.
Las labores investigativas se apoyaron en videos de cámaras de seguridad del sector, las cuales registraron el ingreso del taxista al local comercial. Posteriormente, los registros visuales mostraron que Díaz Rivera y Cano González cerraron el establecimiento minutos después de que el hombre entrara. Adicionalmente, las imágenes captaron conductas sospechosas por parte de los implicados, quienes fueron observados lavando la entrada del lugar en un intento por eliminar posibles evidencias biológicas.
En las diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por el cuerpo técnico de investigación y la Policía Nacional, se hallaron vestigios de sangre dentro del inmueble. Los análisis periciales de ADN confirmaron que los fluidos biológicos encontrados corresponden plenamente a la víctima reportada como desaparecida. Este hallazgo técnico permitió a la Fiscalía sustentar la imputación por el delito de desaparición forzada agravada contra los capturados durante la audiencia de control.
Tras la captura de la pareja en procedimientos operativos realizados en la capital, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales presentó los cargos correspondientes ante la autoridad judicial. Aunque los procesados decidieron no aceptar su responsabilidad en el ilícito durante la diligencia formal, el juez de control de garantías consideró que existen elementos materiales probatorios suficientes para ordenar su reclusión inmediata en un centro penitenciario del país.
El proceso contra Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González avanza bajo la supervisión de las autoridades, quienes mantienen la reserva sobre detalles específicos para no entorpecer las próximas etapas procesales. La sociedad civil en la localidad de Bosa ha expresado su profunda preocupación por este caso, exigiendo celeridad en la justicia para determinar la verdad sobre la suerte del conductor y castigar ejemplarmente a los responsables de esta tragedia.
Este caso pone de manifiesto los retos de seguridad que enfrentan los trabajadores del sector transporte en Bogotá, quienes a menudo se exponen a riesgos latentes en sus recorridos diarios. Las autoridades locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa en establecimientos comerciales o espacios públicos, fortaleciendo así la capacidad de reacción institucional ante delitos que atentan contra la vida y la integridad de los habitantes.
Las investigaciones continuarán su curso para esclarecer todos los detalles del suceso y localizar el paradero del taxista, brindando respuestas a sus familiares tras meses de incertidumbre. La Fiscalía General de la Nación mantiene el compromiso de perseguir este tipo de conductas punibles mediante el uso de tecnología forense avanzada y la coordinación interinstitucional, buscando garantizar que hechos como este no queden en la impunidad y logren resolverse mediante un debido proceso judicial.
