La Policía Nacional de Colombia, bajo la coordinación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), asestó un golpe estructural a las mafias que operan en el norte del país. En un despliegue operativo que incluyó múltiples allanamientos simultáneos, las autoridades lograron la captura de 11 presuntos integrantes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes. Las detenciones se materializaron mediante órdenes judiciales y procedimientos en flagrancia en los municipios de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, devolviendo un parte de tranquilidad a los gremios productivos regionales.
El éxito del operativo militar y policial permitió la judicialización de siete personas sindicadas del delito de extorsión agravada, mientras que otras cuatro deberán responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación demuestran que estos individuos integraban los brazos operativos encargados de dinamizar las finanzas ilegales de ambas organizaciones. A través del cobro de cuotas semanales, los grupos delincuenciales venían asfixiando la economía formal y el comercio independiente de la zona metropolitana.
Los análisis de antecedentes penales arrojaron que los 11 procesados acumulan un alarmante prontuario criminal que suma en total 55 anotaciones judiciales vigentes en las bases de datos de la Fiscalía. Entre los delitos recurrentes que registran los capturados se encuentran el homicidio agravado, la extorsión armada, las amenazas de muerte, el hurto calificado, el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas. Asimismo, varios de los detenidos registran entradas a prisión por el uso indebido de uniformes oficiales e insignias de la fuerza pública.
Dentro del grupo de delincuentes capturados por las unidades del GAULA figuran los principales dinamizadores de las extorsiones contra tenderos, transportadores y distribuidores de víveres en el Atlántico. Los delincuentes eran los encargados directos de planificar las intimidaciones armadas, distribuir los panfletos amenazantes con logotipos de las estructuras criminales y ejecutar los atentados con armas de fuego contra las fachadas de los negocios. Estas acciones violentas eran utilizadas como método de presión psicológica para obligar a los comerciantes al pago de dineros ilegales.
Durante los registros técnicos a los inmuebles intervenidos, los peritos forenses lograron la incautación de un cargamento superior a los 980 gramos de sustancias alucinógenas, discriminadas entre base de coca y marihuana prensada. En los mismos sectores se decomisaron siete teléfonos celulares de diferentes marcas, abundante papelería extorsiva, un arma de fuego de fabricación artesanal y un cuaderno manuscrito con registros contables detallados. Además, los agentes incautaron una suma en efectivo que superó los 10 millones de pesos colombianos en billetes de baja denominación.
Las pesquisas judiciales permitieron establecer que los capturados ejercían una fuerte presión delincuencial en sectores residenciales y comerciales de Barranquilla como La Magdalena, Rebolo y el corregimiento de La Playa. De igual manera, las redes de cooperantes confirmaron que las exigencias monetarias ilegales se concentraban con alta intensidad en los barrios Hipódromo, Los Almendros y La Central, en el municipio de Soledad. La captura de estos mandos medios frena las intenciones de expansión territorial de las bandas de origen local hacia las playas.
Los 11 capturados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a las salas de audiencias de la capital del Atlántico para la legalización de los allanamientos y la imputación de cargos. Un juez de la república avaló el material probatorio recopilado y ordenó de forma inmediata la reclusión en centros carcelarios de máxima seguridad para salvaguardar la vida de los denunciantes. Con la desarticulación de esta célula delictiva se reduce de manera considerable el índice de extorsión de la zona portuaria del caribe.
El comando de la Policía Metropolitana ratificó su decisión de continuar con las operaciones de control para neutralizar el tráfico local de drogas y erradicar las extorsiones que afectan a los trabajadores. Las directivas de la institución invitaron a la comunidad a unirse a la campaña nacional contra el secuestro utilizando la línea gratuita 165 del GAULA. Los operarios de la central telefónica reciben los reportes bajo reserva de identidad, permitiendo recolectar datos clave para capturar a los líderes históricos de las organizaciones delictivas.
