La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Johnley Santander Sánchez, conocido con el alias de Bonaice, quien se desempeñaba como presunto cabecilla del grupo delincuencial denominado Horus. Esta estructura opera en el departamento de Norte de Santander bajo la subordinación directa de la facción Juan Fernando Porras Martínez del ELN. La captura y reclusión en centro carcelario responden a una investigación por su participación en delitos de alto impacto contra la seguridad y el medioambiente.
Desde el año 2023, alias Bonaice habría liderado la instalación técnica de válvulas clandestinas en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, específicamente en jurisdicción del municipio de Tibú. Según los elementos materiales probatorios, la red utilizaba cerca de 1.100 recipientes con capacidad para 250 galones cada uno con el fin de almacenar el crudo hurtado. Además, el procesado suministraba información estratégica sobre los movimientos de la fuerza pública a los grupos insurgentes presentes en la zona de injerencia.
Las evidencias recopiladas por las autoridades vinculan a este hombre con dos episodios violentos ocurridos durante el año 2025. El primero tuvo lugar el 4 de agosto, cuando habría participado en la retención forzada y posterior ejecución de una persona vinculada a disidencias de las Farc. Meses después, el 12 de octubre, coordinó una emboscada contra unidades del Ejército Nacional que patrullaban el área afectada por el hurto de hidrocarburos, resultando en la muerte de un soldado y otro uniformado herido.
Ante la contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se ordenó su captura inmediata. La detención fue materializada por efectivos de la DIJIN de la Policía Nacional, quienes trasladaron al señalado ante un juez de control de garantías. Durante la diligencia, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos y porte ilegal de armas de fuego.
El procesado decidió aceptar los cargos formulados en su contra, reconociendo su participación en la cadena criminal que afectaba la integridad de los uniformados y la infraestructura del país. Tras la audiencia de legalización, el juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, donde el cabecilla deberá enfrentar las etapas restantes del proceso judicial. Esta decisión constituye un golpe relevante para las estructuras del ELN que se financian mediante la explotación ilícita de recursos naturales en la zona fronteriza.
La investigación continuará bajo la supervisión de las autoridades, que buscan desarticular por completo la estructura Horus y capturar a otros miembros que habrían facilitado la logística para el hurto de petróleo. La Fiscalía mantiene un monitoreo constante sobre las operaciones de extracción ilegales, utilizando inteligencia técnica para prevenir nuevos ataques contra las tropas. Se espera que este precedente jurídico permita agilizar otras acciones penales contra los responsables de la violencia en Norte de Santander durante los últimos periodos.
Este resultado es parte de la estrategia interinstitucional para recuperar el control de áreas estratégicas donde la minería ilegal y el sabotaje a la infraestructura estatal han generado graves perjuicios sociales. El Gobierno Nacional ha enfatizado la importancia de blindar las regiones frente a la influencia de grupos armados organizados que atentan contra la estabilidad económica y la seguridad ciudadana. La contundencia en las decisiones judiciales frente a alias Bonaice responde a la necesidad de justicia por los delitos cometidos recientemente.
Las autoridades competentes han señalado que no cesarán en su empeño de perseguir a quienes atentan contra la soberanía energética y la vida de los ciudadanos. La judicialización de este presunto cabecilla es una señal clara sobre las consecuencias legales de integrar redes criminales dedicadas a la extracción ilícita de combustibles y la confrontación armada. El procesado permanecerá privado de su libertad mientras se emite la sentencia condenatoria definitiva por el conjunto de los cargos aceptados ante el despacho judicial.
