La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó su balance de cifras con corte a febrero de 2026, revelando que un total de 15.435 personas han suscrito actas de compromiso y sometimiento ante el tribunal de paz. De ese total, 9.937 corresponden a exintegrantes de las FARC-EP, 5.277 a miembros de la Fuerza Pública, 102 a terceros civiles, 101 a agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (AENIFPU) y 18 a personas vinculadas con la protesta social.
En materia de imputaciones, con corte al 25 de marzo de 2026, la JEP acumula 368 imputaciones a 333 personas. La Fuerza Pública concentra el mayor número con 243 imputaciones a 228 comparecientes, seguida por las FARC-EP con 114 imputaciones a 94 personas, terceros civiles con 10 imputaciones a 10 personas y AENIFPU con 1 imputación. Estas cifras reflejan el avance del trabajo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en los macrocasos que investiga el tribunal de justicia transicional colombiano.
Uno de los hitos más significativos del período es la emisión de la primera sentencia dialógica de la JEP, la TP-SeRVR-RC-ST-No.001-2025, correspondiente al Macrocaso 01 sobre toma de rehenes y privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP. La sentencia fue proferida contra 7 exjefes de la guerrilla e incluye 4 proyectos restaurativos: memoria y reparación simbólica, acción integral contra minas antipersonal, búsqueda de personas desaparecidas y medio ambiente, naturaleza y territorio. El tribunal calificó el hecho como histórico, dado el carácter de la organización armada involucrada.
La segunda sentencia dialógica, TP-SeRVR-RC-ST-No.002-2025, corresponde al Macrocaso 03, subcaso Costa Caribe, sobre asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. La sentencia fue proferida contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública e incluye 6 proyectos restaurativos orientados a la reparación de las comunidades afectadas, incluyendo un centro de armonización para el pueblo Kankuamo y planes de memoria para la Costa Caribe colombiana.
La JEP también emitió su primera sentencia adversarial, la TP-SAR-No. 001 de 2025, mediante la cual declaró penalmente responsable al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por hechos ocurridos durante su comandancia del Batallón de Artillería La Popa No. 2 de Valledupar. El oficial fue condenado a 20 años de privación efectiva de la libertad, una decisión que marca un precedente significativo en la rendición de cuentas de los agentes del Estado por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano durante décadas de violencia sistemática.
En el frente forense, la Unidad de Búsqueda del SAR reportó con corte a diciembre de 2025 la exhumación de 2.012 cuerpos, la identificación de 238 y la entrega digna de 147 a sus familias. La Sala de Reconocimiento ha realizado 17 actos de entrega digna, 3 en el Macrocaso 01 y 14 en el Macrocaso 07. Adicionalmente, se han decretado 175 medidas cautelares en distintos macrocasos para proteger evidencias, lugares y memoria, siendo el Macrocaso 03 el que concentra el mayor número con 72 medidas activas en seguimiento permanente.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto el sometimiento de 11.944 personas, aceptando 7.340 y rechazando 3.164. En cuanto a situaciones jurídicas terminadas, se han concedido 1.130 amnistías en total y 705 personas han concluido la ruta no sancionatoria por distintas vías, incluyendo 566 renuncias a la persecución penal y 108 preclusiones de investigación. La Sección de Apelación ha proferido 1.306 providencias, confirmando 917 decisiones y revocando 389, lo que refleja la alta carga de trabajo jurisdiccional que mantiene el tribunal de paz.
Con 14.659 víctimas individuales acreditadas y 423 colectivas, la JEP avanza en la construcción de un proceso de justicia transicional que busca equilibrar verdad, justicia y reparación en el contexto del posconflicto colombiano. El balance a febrero de 2026 muestra un tribunal en plena actividad judicial con avances concretos en reconocimiento de responsabilidad, búsqueda de desaparecidos y reparación simbólica. Los retos que persisten son la aceleración de los procesos pendientes y la garantía de que las sanciones propias se traduzcan en beneficios reales y verificables para las comunidades víctimas del conflicto armado en Colombia.
