El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó a través de su cuenta oficial en la red social X sobre el inicio de un desplazamiento indígena hacia la capital. Desde las 18:00 horas del domingo, un contingente de aproximadamente 500 personas del resguardo La María de Piendamó, Cauca, emprendió su viaje en 11 buses tipo escalera. Los integrantes del pueblo Misak se dirigen a la ciudad con el objetivo de exigir garantías territoriales.
Según el reporte del funcionario, la comunidad indígena busca establecer un diálogo directo con el Gobierno Nacional debido a la persistente falta de seguridad en sus zonas de origen. La movilización representa una nueva jornada de protesta social que traslada las problemáticas del suroccidente colombiano al centro administrativo del país. Los líderes de la marcha han sido enfáticos en que su presencia en Bogotá es una medida de presión ante promesas previas incumplidas.
Ante este panorama, Quintero solicitó formalmente al Ministerio del Interior la coordinación inmediata de espacios de conversación técnica y política. La intención es encontrar una solución ágil que permita atender las demandas de los manifestantes sin afectar el orden de la ciudad. El Secretario subrayó que la prontitud en la respuesta nacional es fundamental para evitar que la situación escale o se extienda por un tiempo prolongado en la capital.
La Administración Distrital confirmó que ya tiene listos sus equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para recibir a la delegación del Cauca. Estas dependencias operarán bajo protocolos de acompañamiento para garantizar que el arribo se realice en condiciones de dignidad y respeto mutuo. La gestión distrital actuará como mediadora inicial, brindando el soporte necesario para que los integrantes del pueblo Misak puedan exponer sus inquietudes en un marco institucional.
El Secretario de Gobierno advirtió que la jornada del lunes será compleja debido a las múltiples situaciones operativas que ya tiene programadas la ciudad de Bogotá. Por esta razón, se requiere un trabajo conjunto y milimétrico entre el Gobierno Nacional, la Policía, el Ministerio Público y la propia Alcaldía. La coordinación interinstitucional busca mitigar posibles traumatismos en la movilidad y asegurar que los servicios urbanos funcionen con la mayor normalidad posible.
La seguridad de los manifestantes y de los ciudadanos bogotanos será una prioridad durante la estancia de las 500 personas en los puntos de concentración. Las autoridades de policía han sido convocadas para desplegar dispositivos de vigilancia que prevengan cualquier alteración de la tranquilidad pública. Asimismo, se busca que el ejercicio del derecho a la protesta se desarrolle de forma pacífica y organizada en los sectores donde los buses tipo escalera hagan su parada.
Por otro lado, la participación de los organismos de control será vital para supervisar el trato brindado a la comunidad indígena durante su permanencia. La Defensoría del Pueblo y la Personería han sido instadas a acompañar los procesos de diálogo para verificar que se cumplan los estándares de protección a minorías étnicas. Este seguimiento institucional pretende blindar la conversación y asegurar que los acuerdos que surjan tengan un sustento jurídico sólido.
El mensaje emitido por Gustavo Quintero cierra reafirmando la voluntad del Distrito para gestionar las crisis sociales mediante la palabra y la concertación. Sin embargo, la resolución de fondo sobre las garantías territoriales en el Cauca permanece exclusivamente en manos de las autoridades de orden nacional. El país queda a la espera de los resultados de estas mesas de trabajo, mientras los 11 buses completan su trayecto hacia el corazón de la República.
Sección
Bogota
