La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Mónica Arias Fernández, exsubdirectora para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proceso busca esclarecer presuntas irregularidades ocurridas durante la adquisición de cosechas en el año 2023. Según el ente de control, la exfuncionaria no habría ejercido un seguimiento eficiente sobre el proceso de compra, lo que derivó en la adquisición de productos agrícolas a precios significativamente superiores a los pactados inicialmente.
Las pesquisas sugieren que, durante la ejecución de los contratos, se habrían modificado las cantidades y tipos de bienes sin el sustento técnico o legal necesario. Esta alteración respecto a la oferta económica original permitió que se realizaran pagos por encima de los valores contemplados en los estudios previos. El Ministerio Público investiga si existió una falta de vigilancia y control por parte de la supervisión asignada, lo que habría facilitado la vulneración de los principios de transparencia y economía en la contratación pública colombiana.
Un punto crítico de la investigación se centra en el presunto pago irregular de más de 93 millones de pesos por el servicio de acopio de los productos. De acuerdo con los documentos de la oferta económica, dicho servicio de almacenamiento y recolección no debía representar costo alguno para la entidad estatal. La Procuraduría busca determinar por qué se autorizó este desembolso adicional si el proveedor se había comprometido a entregarlo de forma gratuita, lo que representaría un detrimento patrimonial para el erario público nacional.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha ordenado la práctica de pruebas documentales y testimoniales para reconstruir la trazabilidad de los pagos efectuados por la UNGRD. Se analizarán las actas de supervisión firmadas por Arias Fernández para verificar si las falencias fueron producto de una omisión administrativa o de una acción deliberada. El objetivo primordial es establecer si la conducta de la investigada constituye una falta disciplinaria gravísima al comprometer los recursos destinados a la atención de desastres y emergencias.
Esta actuación administrativa se suma a otros procesos de vigilancia que el Ministerio Público adelanta sobre la gestión de la UNGRD en periodos anteriores. La transparencia en el manejo de las compras directas es una prioridad para los entes de control, especialmente cuando involucra a sectores vulnerables como el campesinado y la producción de alimentos. La investigación pretende asegurar que los fondos públicos lleguen efectivamente a sus destinatarios y no se pierdan en intermediaciones con sobrecostos injustificados que afecten la eficiencia del Estado.
El proceso disciplinario también revisará si hubo cambios en la calidad de los productos entregados en comparación con los requerimientos técnicos exigidos en la convocatoria. Las discrepancias en las cantidades recibidas frente a las facturadas son otro eje fundamental de la indagación técnica. Se busca determinar si los informes de supervisión reflejaron fielmente la realidad de lo que ingresó a las bodegas de la unidad o si fueron alterados para justificar los sobrecostos detectados por los auditores especializados de la Procuraduría.
Durante el trámite de esta investigación, la exsubdirectora Mónica Arias Fernández contará con todas las garantías legales para ejercer su derecho a la defensa y contradicción. La Procuraduría analizará si las decisiones tomadas durante su gestión se ajustaron a los manuales de contratación interna de la UNGRD y a la Ley 80 de 1993. Los resultados de estas pruebas definirán si se formulan pliegos de cargos definitivos o si se archiva el proceso por falta de méritos probatorios en su contra.
Finalmente, este caso resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de auditoría en tiempo real para evitar que las urgencias por desastres sirvan de excusa para la malversación. La gestión eficiente de los recursos públicos exige funcionarios comprometidos con el rigor administrativo y la vigilancia constante de los contratistas. La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de salvaguardar el patrimonio de los colombianos frente a cualquier irregularidad que comprometa la integridad de las instituciones del Estado en el presente año.
