La Procuraduría General de la Nación profirió este 7 de abril de 2026 pliego de cargos contra el alcalde de Caucasia, Antioquia, Jhoan Oderis Montes Cortés. El proceso disciplinario se origina por presuntas irregularidades en la firma de un convenio interadministrativo para mejorar el sistema de acueducto y alcantarillado local. Según el ente de control, el mandatario habría omitido los procedimientos legales de selección objetiva al contratar directamente estas obras civiles de alta relevancia.
La investigación es liderada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, que detectó fallas en la suscripción del documento realizada durante la vigencia de 2024. Al parecer, la administración municipal utilizó la figura de contratación directa para la ejecución de los trabajos, eludiendo la licitación pública exigida por la ley. Esta omisión normativa habría impedido la participación de otros oferentes, limitando la transparencia y la libre concurrencia en el proceso de selección estatal.
Para el Ministerio Público, la conducta del alcalde Montes Cortés habría vulnerado los principios fundamentales de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la gestión pública colombiana. El órgano de control calificó la posible falta como gravísima, señalando que se cometió presuntamente a título de dolo por parte del funcionario. El mandatario ahora deberá presentar sus descargos y las pruebas necesarias para justificar las decisiones tomadas durante la estructuración de este proyecto hídrico.
El mejoramiento del acueducto y alcantarillado es una de las necesidades más sentidas por los habitantes de Caucasia, un municipio estratégico en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, la Procuraduría enfatizó que la urgencia de las obras no justifica el desconocimiento de las normas que garantizan el uso eficiente de los recursos. La transparencia en la contratación estatal es el eje central para evitar desvíos de fondos y asegurar la calidad técnica de las edificaciones públicas.
La decisión de proferir cargos es el primer paso formal en un juicio disciplinario que podría derivar en sanciones de destitución o inhabilidad para el cargo. El alcalde Jhoan Oderis Montes Cortés ha defendido su gestión previamente, argumentando que busca agilizar las soluciones de infraestructura para su comunidad en el territorio. No obstante, el órgano de vigilancia insiste en que el cumplimiento del estatuto de contratación es de carácter obligatorio para todos los ordenadores de gasto.
Durante el proceso se analizarán los soportes técnicos y jurídicos que llevaron a la alcaldía a seleccionar a su contratista de manera preferencial en el 2024. La Procuraduría busca establecer si existió un beneficio indebido o una negligencia administrativa que afectara el patrimonio público de los caucasianos durante esta vigencia. La vigilancia sobre los recursos destinados al saneamiento básico es una prioridad para prevenir elefantes blancos en las regiones periféricas de Antioquia.
El pliego de cargos también menciona que el mandatario local debió prever los tiempos y trámites de una licitación pública para no incurrir en contrataciones excepcionales. La falta de planeación administrativa es uno de los argumentos que sostiene el equipo investigador de la Procuraduría Provincial de Instrucción actualmente. La ciudadanía espera que el proceso avance con celeridad para determinar si hubo una afectación real al servicio de agua potable y alcantarillado municipal.
Finalmente, el caso de Caucasia se suma a las diversas investigaciones que adelanta la Procuraduría contra mandatarios locales por presuntas violaciones al régimen de contratación. El alcalde Montes Cortés continuará en sus funciones mientras se desarrolla el juicio, garantizando el principio de presunción de inocencia hasta el fallo final. La justicia disciplinaria busca reafirmar que la contratación estatal debe ser un proceso abierto, competitivo y blindado contra cualquier tipo de favoritismo político hoy.
