El Gobierno nacional presentó este 7 de abril de 2026 en Cali la estrategia Ecodorado, una apuesta integral para transformar la cadena del oro en el país. El objetivo principal es recuperar para el Estado una economía que hoy se encuentra capturada por estructuras criminales. La iniciativa articula instrumentos como los Distritos Mineros, el Fondo de Fomento Minero y la creación de una comercializadora estatal de oro para garantizar la legalidad territorial.
La urgencia de Ecodorado radica en que la minería ilegal genera ingresos estimados en 8.414 millones de dólares anuales, cifra que ya supera al narcotráfico en Colombia. Actualmente, el 80% del oro comercializado tiene origen informal o ilegal, financiando grupos armados en 300 municipios de 23 departamentos. Esta actividad criminal provoca pérdidas cercanas a los 5 billones de pesos en regalías cada año, afectando el desarrollo social de las comunidades periféricas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que el Estado entrará a competir directamente en el mercado para arrebatarle las rentas a las economías ilícitas. La nueva comercializadora estatal comprará oro a pequeños mineros formalizados, garantizando precios justos, trazabilidad y acceso a mercados internacionales. La meta es escalar la compra de oro legal de 5 a 15 toneladas anuales, rompiendo el ciclo de dependencia frente a las mafias.
En materia de formalización, el Ministerio reportó un avance récord al aumentar en un 69% el número de beneficiarios en comparación con el periodo anterior. A abril de 2026, más de 30.000 mineros han ingresado a la legalidad, frente a los 17.000 registrados históricamente. Asimismo, la entrega de títulos de formalización creció un 44%, alcanzando los 800 instrumentos otorgados. Estas cifras demuestran un compromiso real con la dignificación de la pequeña minería.
Para respaldar este proceso, la Agencia Nacional de Minería habilitó 381.000 hectáreas que permitirán formalizar a cerca de 76.000 mineros en los próximos cuatro años. Se han creado herramientas como el Fondo de Fomento Minero, dotado con más de 13.000 millones de pesos para financiar planes de trabajo y licenciamiento ambiental. El Gobierno entiende que la legalidad debe ir acompañada de acceso a crédito, tecnología y apoyo técnico para los mineros de subsistencia.
La gobernanza territorial se fortalecerá con la puesta en marcha de 12 distritos mineros distribuidos en 7 departamentos y 65 municipios del país. Estos distritos beneficiarán a 4,5 millones de personas, promoviendo una minería responsable y el desarrollo sostenible bajo la supervisión del Estado. La presencia institucional en estas zonas críticas es fundamental para garantizar que el oro se convierta en un motor de desarrollo y no en un factor de violencia.
Dentro de los principios de la Transición Energética Justa, Ecodorado contempla un programa de reconversión productiva con una inversión de 15.000 millones de pesos para 2026. Esta alternativa está dirigida a mineros que no pueden formalizarse, ofreciéndoles opciones laborales sostenibles y dignas fuera de la extracción. Un diagnóstico previo identificó a 5.000 interesados en este proceso, donde el 30% son mujeres que buscan nuevas oportunidades en el marco ambiental.
Finalmente, el Gobierno nacional reafirma que la minería ilegal es un problema de seguridad nacional que requiere acciones contundentes más allá de la fuerza pública. Con Ecodorado, se busca saldar una deuda histórica mediante la transparencia, la tecnificación y el acompañamiento real a los mineros artesanales hoy. La transformación de la cadena aurífera es el camino para consolidar una economía para la vida que proteja los recursos públicos en 2026.
