La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, instó a las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) a activar medidas de preparación, adaptación y mitigación frente al fenómeno de El Niño 2026-2027. La instrucción fue impartida mediante la Circular No. 001/2026 y busca proteger la seguridad hídrica del país, prevenir incendios forestales y conservar ecosistemas estratégicos ante los múltiples impactos meteorológicos, hidrológicos y socioecológicos que puede generar este fenómeno climático.
Entre las prioridades establecidas en la circular se destaca la protección del recurso hídrico para consumo humano por encima de cualquier otro uso, así como la preservación de ecosistemas proveedores de agua como páramos y humedales. Estos ecosistemas son determinantes para garantizar el abastecimiento de agua en periodos de sequía prolongada, y su deterioro durante el fenómeno de El Niño puede tener consecuencias irreversibles sobre la disponibilidad del recurso para millones de colombianos en distintas regiones del territorio nacional.
La Procuraduría también ordenó el uso obligatorio de sistemas de información técnica para la toma de decisiones basadas en evidencia. Entre los instrumentos señalados se encuentran el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) y el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). Adicionalmente, las entidades deberán atender las alertas tempranas del IDEAM como insumo fundamental para anticipar escenarios de riesgo y activar respuestas oportunas antes de que los impactos se materialicen.
En materia energética, la circular establece la obligación de implementar medidas técnicas y administrativas para optimizar la gestión de los embalses y fortalecer esquemas de respaldo energético. Esta disposición responde a la posible disminución de aportes hídricos para la generación de energía con hidroeléctricas, uno de los efectos más críticos del fenómeno de El Niño en Colombia, país altamente dependiente de la generación hidroeléctrica. La gestión anticipada de los niveles de los embalses es clave para evitar racionamientos de energía durante los periodos de menor precipitación.
La circular establece un marco de responsabilidad compartida y cumplimiento obligatorio para todas las entidades destinatarias, bajo amenaza de sanciones disciplinarias. Las instituciones que no activen ni utilicen instrumentos de planificación como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), así como los Planes de Contingencia municipales, podrán ser objeto de investigaciones disciplinarias por parte del Ministerio Público, lo que eleva la seriedad del llamado institucional frente a este fenómeno climático.
La Procuraduría también hizo énfasis en la operatividad inmediata de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y su articulación con el SINA. Estos consejos son el primer eslabón de respuesta territorial ante emergencias climáticas y su activación oportuna es determinante para proteger a las comunidades más vulnerables. La articulación entre el nivel municipal y el sistema nacional ambiental garantiza que las acciones locales estén alineadas con los lineamientos técnicos y los recursos institucionales disponibles para enfrentar el fenómeno.
Las entidades destinatarias de la Circular No. 001/2026 tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para remitir a la Procuraduría un informe detallado de las acciones preventivas adoptadas. Este mecanismo de reporte permite al Ministerio Público hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones impartidas y determinar si las instituciones están respondiendo con la diligencia que la situación climática exige. La fecha límite también actúa como un incentivo para que las entidades prioricen la activación de sus planes de contingencia en las semanas inmediatas.
El llamado de la Procuraduría ante el fenómeno de El Niño 2026-2027 llega en un momento en que los efectos del cambio climático hacen cada vez más impredecibles e intensos los ciclos climáticos en Colombia. La preparación institucional anticipada no es una opción, sino una obligación que puede marcar la diferencia entre una gestión ordenada del fenómeno y una crisis humanitaria evitable. Con la circular, el Ministerio Público asume su rol de guardián del interés público también frente a los riesgos ambientales que amenazan el bienestar de la población colombiana.
