La Procuraduría General de la Nación advirtió la persistencia de fallas estructurales en la respuesta institucional frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. El llamado fue realizado en el marco del Encuentro contra la Explotación Sexual liderado por la INL de la Embajada de Estados Unidos, la Alcaldía de Cartagena, la Policía Nacional y la Fundación Renacer. La entidad señaló que la baja detección temprana, la normalización social del delito y la desarticulación entre las entidades responsables obstaculizan la prevención y atención efectiva de las víctimas en todo el territorio nacional.
Las cifras expuestas durante el evento revelan la dimensión real del problema. Según el Observatorio de la organización Valientes Colombia, entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 registros solo en 2024. Esta tendencia coincide con los hallazgos del DANE que, a través de su reciente operación estadística experimental, reveló que la Fiscalía General de la Nación recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025, evidenciando una problemática de larga data que no ha sido atendida con la contundencia institucional que su gravedad exige.
La delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó que este delito constituye una grave vulneración de derechos humanos vinculada a la violencia de género y prácticas discriminatorias que afectan profundamente la dignidad de las víctimas. Este enfoque sitúa la explotación sexual infantil no como un fenómeno aislado, sino como expresión de estructuras más amplias de desigualdad, discriminación y violencia que requieren respuestas integrales que vayan más allá de la persecución penal individual de los responsables.
En ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público realizó durante 2025 un diagnóstico nacional en los 32 departamentos del país, detectando territorios críticos, falta de coordinación institucional y graves brechas de atención a las víctimas. Como resultado de este diagnóstico, la Procuraduría emitió directivas y recomendaciones técnicas para que las procuradurías judiciales de familia refuercen de inmediato la protección y el seguimiento efectivo a las víctimas dentro del sistema, garantizando que ningún caso quede sin atención adecuada por fallas administrativas o desarticulación entre entidades.
Uno de los problemas más críticos identificados es la baja detección temprana de los casos, que permite que la explotación sexual se prolongue en el tiempo antes de ser reportada o atendida por las autoridades competentes. Esta falla tiene consecuencias directas sobre el bienestar de las víctimas, pues cada día de demora en la detección implica más tiempo de exposición al daño. La normalización social del delito es otro factor determinante: cuando ciertas formas de explotación son percibidas como prácticas culturales o situaciones inevitables, el umbral de denuncia se eleva y los agresores operan con mayor impunidad.
La desarticulación entre las entidades responsables fue señalada como uno de los obstáculos más persistentes en la respuesta institucional. Cuando el ICBF, la Fiscalía, la Policía, las secretarías de salud y las entidades territoriales actúan de manera descoordinada, las víctimas quedan atrapadas en un laberinto burocrático que las expone a la revictimización. La Procuraduría insistió en la necesidad de protocolos de atención unificados que garanticen una ruta clara, oportuna y sin traumatismos adicionales para quienes ya han sufrido una de las vulneraciones más graves contra la infancia.
La delegada instó a las familias a mantenerse vigilantes como primer entorno protector de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo que la prevención comienza en el hogar. A las instituciones del Estado les exigió actuar de forma oportuna con enfoque de género, y a los servidores públicos les recordó la obligación de garantizar atención sin revictimización. Este llamado es especialmente relevante en contextos donde los propios procesos judiciales y administrativos pueden convertirse en fuentes de trauma adicional para las víctimas que se atreven a denunciar.
La advertencia de la Procuraduría llega en un momento en que las cifras del delito siguen en ascenso y la respuesta institucional acumula deudas históricas con las víctimas más vulnerables del país. Con más de 22.000 denuncias en una década y un pico reciente de casos en 2024, Colombia enfrenta una crisis de protección de la infancia que no puede seguir siendo atendida con los mismos esquemas institucionales que han demostrado su insuficiencia. La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de rechazar con determinación cualquier forma de violencia contra la niñez, sin excusas ni normalizaciones.
