Procuraduría General de la Nación lideró una feria de servicios interinstitucionales en el municipio de Manaure, beneficiando a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. La jornada, realizada este 17 de abril de 2026, también brindó atención prioritaria a madres gestantes y lactantes pertenecientes al pueblo Wayúu. El Ministerio Público busca garantizar el acceso real a derechos fundamentales en una región históricamente afectada por la vulnerabilidad social y la falta de infraestructura.
Esta iniciativa contó con la articulación de entidades del sector salud, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La jornada integral permitió que la población indígena accediera a servicios de identificación oficial, nutrición especializada y prevención de diversas formas de violencia. El corregimiento de Ranchería Siria fue el epicentro de esta movilización estatal que acerca la institucionalidad a los territorios más apartados del departamento de La Guajira.
María Fernanda Rangel, delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, destacó el impacto positivo de la estrategia en la población atendida directamente. Según la funcionaria, facilitar el acceso a la educación y orientación migratoria es vital para el desarrollo humano de las comunidades indígenas. La feria de servicios representa un esfuerzo coordinado para mejorar las condiciones de vida mediante acciones concretas que superan las barreras geográficas y culturales locales.
Con este último despliegue en Manaure, ya suman cuatro las ferias realizadas en el departamento durante la presente vigencia del Ministerio Público nacional. La ampliación de la cobertura ha permitido identificar casos críticos de desnutrición que requieren una intervención médica inmediata por parte de las autoridades sanitarias. Estas actividades territoriales demuestran que la vigilancia administrativa puede transformarse en una herramienta efectiva para la protección social directa de los grupos étnicos colombianos.
La estrategia se enmarca en el estricto cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y el Auto 118 de 2025 de la Corte Constitucional. Estas órdenes judiciales exigen al Estado colombiano la protección integral de los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia en las comunidades Wayúu. La Procuraduría actúa como el ente verificador de que las entidades territoriales y nacionales ejecuten los planes de acción ordenados por los altos tribunales.
El Ministerio Público resaltó la importancia de la identificación ciudadana para que los menores puedan acceder a los programas de alimentación escolar y salud subsidiada. Sin un registro civil válido, muchos niños permanecen invisibles ante el sistema de seguridad social, limitando sus oportunidades de crecimiento y desarrollo integral. La presencia de la Registraduría en estas jornadas móviles es fundamental para legalizar la situación de miles de integrantes de las diversas rancherías.
El compromiso institucional incluye el despliegue permanente de equipos técnicos que supervisan la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico entregados. Mejorar las condiciones de salubridad es una prioridad para reducir las tasas de mortalidad infantil asociadas a enfermedades prevenibles en la zona desértica. La articulación con la entidad territorial asegura que los recursos públicos se destinen correctamente a la atención de las necesidades básicas de la etnia.
La protección de la niñez indígena constituye el pilar central de la agenda de derechos humanos que promueve la actual administración de la Procuraduría. La entidad mantendrá su presencia en territorio guajiro hasta asegurar que todas las órdenes de la Corte Constitucional se cumplan de manera efectiva y sostenible. Esta labor constante garantiza que el Estado de derecho prevalezca sobre el olvido histórico, transformando la realidad social de las futuras generaciones.
