La Procuraduría General de la Nación alertó sobre los graves riesgos jurídicos que enfrentaría el país si no se expide pronto una nueva ley aduanera. La entidad señaló que la falta de un régimen sancionatorio oportuno afectaría el decomiso de mercancías y los procedimientos administrativos aplicables actualmente. Esta advertencia surge tras una decisión judicial que limita las facultades del Gobierno para regular estas materias específicas que deben estar sometidas a reserva legal.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-072 de 2025, declaró inexequible la facultad otorgada al Ejecutivo para expedir dicha regulación de manera autónoma. No obstante, el alto tribunal decidió diferir los efectos de su fallo hasta el 20 de junio de 2026, otorgando un plazo perentorio al Congreso. Esta prórroga busca que los legisladores tramiten y aprueben el nuevo marco normativo antes de que el sistema actual pierda su vigencia jurídica.
En este contexto, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública identificó amenazas directas para la estabilidad del comercio exterior. A partir del 21 de junio, la ausencia de una ley clara podría generar limitaciones insalvables en la imposición de multas a infractores. Asimismo, se presentarían dificultades operativas para realizar el decomiso de mercancías ilegales, debilitando la capacidad de control aduanero frente a las organizaciones de contrabando.
La falta de regulación técnica también provocaría controversias procesales en los expedientes que se encuentran actualmente en curso ante las autoridades competentes del país. La incertidumbre jurídica afectaría el recaudo fiscal derivado de las sanciones aduaneras, impactando negativamente las finanzas del Estado colombiano durante el presente año. Para el Ministerio Público, es prioritario evitar un escenario donde la administración tributaria quede desprovista de herramientas legales para ejercer sus funciones operativas.
Ante esta situación, la entidad informó que adelanta un seguimiento preventivo riguroso al trámite legislativo que cursa actualmente en el Congreso de la República. La Procuraduría promueve espacios de articulación institucional para analizar los diversos escenarios asociados a la posible terminación del régimen vigente. Se busca que las autoridades analicen las implicaciones de seguridad nacional que conlleva el debilitamiento de los controles en los puertos y pasos fronterizos nacionales.
La intervención del ente de control se enmarca estrictamente en su función preventiva, orientada a anticipar riesgos que vulneren el interés general de los ciudadanos. La Procuraduría aclaró que su labor no pretende interferir en las competencias legislativas del Parlamento ni en las funciones del Gobierno nacional. Su objetivo es actuar como un facilitador técnico que asegure la continuidad del Estado de derecho en materia de regulación económica y aduanera.
El seguimiento preventivo incluye la evaluación de las propuestas presentadas por diferentes gremios del comercio exterior para enriquecer el debate en las comisiones legislativas. Se requiere un consenso rápido entre los partidos políticos para garantizar que el nuevo régimen sancionatorio sea robusto, moderno y eficaz contra la ilegalidad. La estabilidad de las exportaciones e importaciones depende de reglas claras que ofrezcan seguridad jurídica a los empresarios formales en Colombia.
La expedición oportuna de esta ley es el blindaje necesario para evitar que el contrabando gane terreno por un vacío normativo inesperado e inconveniente. El Congreso tiene la responsabilidad histórica de cumplir con el mandato de la Corte Constitucional antes de que expire el plazo otorgado en junio. La Procuraduría mantendrá su vigilancia institucional para asegurar que el sistema aduanero nacional no colapse y siga protegiendo la economía lícita de toda la nación.
