El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció la apertura de comentarios para el proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2489 de 2025. Esta normativa busca promover y garantizar entornos digitales sanos para niños, niñas y adolescentes en el país. La consulta ciudadana estará vigente desde el 16 hasta el 26 de abril de 2026, permitiendo que diversos sectores aporten a la construcción de esta política.
Este proyecto normativo es el resultado de un extenso análisis técnico que incluyó ocho mesas interinstitucionales y el estudio de 239 observaciones ciudadanas previas. Organizaciones de la sociedad civil, gremios de telecomunicaciones y entidades como el ICBF participaron en la formulación de los lineamientos básicos. El Gobierno Nacional enfatiza que la protección de la niñez exige medidas proporcionales que respeten los derechos fundamentales sin incurrir en prácticas de censura.
El decreto adopta un enfoque de corresponsabilidad donde concurren el Estado, las familias, la comunidad educativa y los proveedores de servicios digitales. Uno de los ejes principales es el Sistema Integrado de Monitoreo, diseñado para facilitar la identificación de riesgos en línea mediante la interoperabilidad institucional. Este modelo prohíbe el monitoreo indiscriminado de comunicaciones privadas, incorporando principios de privacidad desde el diseño para proteger la intimidad de los menores usuarios.
Por otro lado, el Ministerio de Educación liderará la creación de un repositorio público de buenas prácticas con recursos pedagógicos y herramientas de control parental. Este espacio gratuito fortalecerá la alfabetización mediática en los hogares colombianos, brindando instrumentos para un uso responsable de las tecnologías. La educación digital se posiciona así como la primera barrera de defensa contra las violencias en la red, empoderando a padres y docentes en la prevención.
La reglamentación también promueve acuerdos de corregulación con la industria del software para adoptar estándares de seguridad desde la fase de desarrollo. Se busca mitigar riesgos tecnológicos emergentes sin imponer cargas que frenen la innovación o la competitividad del sector digital nacional. Esta articulación entre el sector público y privado garantiza que las plataformas digitales sean entornos preventivos por naturaleza, minimizando la exposición de los adolescentes a contenidos nocivos.
En materia de recursos, el proyecto prevé que el Fondo Único de TIC financie programas de formación en el uso seguro de las tecnologías este 2026. Estos fondos se destinarán a la prevención de violencias digitales en instituciones educativas priorizadas de las zonas rurales y urbanas. La inversión en capacitación técnica asegura que la normativa no sea solo una declaración de principios, sino una herramienta con impacto real en los territorios.
La recepción de comentarios se realizará a través de los canales digitales oficiales del Ministerio para asegurar la transparencia del proceso democrático. La academia y los expertos en ciberseguridad están invitados a presentar propuestas que perfeccionen el sistema de alertas tempranas propuesto. Sus aportes serán fundamentales para consolidar un marco legal robusto que proteja el desarrollo integral de la niñez frente a los desafíos constantes de la conectividad.
Finalmente, el Ministerio TIC publicará la memoria justificativa del decreto en su portal web para consulta permanente de todos los interesados en el ecosistema digital. Esta segunda fase de participación ciudadana es crucial para legitimar las medidas de protección y asegurar su cumplimiento efectivo en el mediano plazo. Colombia avanza así hacia una regulación moderna que equilibra la libertad tecnológica con la protección superior de los derechos de sus menores.
