En el marco de la primera Sesión Mixta 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga Pacheco, socializó y entregó oficialmente el Decreto 1392 de 2025. Esta normativa representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales en Colombia, al actualizar la reglamentación de la Ley 160 de 1994. El instrumento busca modernizar y agilizar los procedimientos de formalización, garantizando que las comunidades tengan un acceso más directo y simplificado a la propiedad colectiva de sus tierras.
El decreto introduce una transformación sustancial en el ordenamiento social de la propiedad rural al eliminar barreras administrativas que históricamente retrasaron la constitución y saneamiento de los resguardos. Una de las novedades principales es que los trámites podrán ser iniciados directamente por las autoridades tradicionales de las comunidades, y no exclusivamente por entidades estatales. Esta medida fortalece la autonomía de los pueblos indígenas, permitiéndoles liderar los procesos de ampliación y reestructuración de sus territorios con mayor seguridad jurídica y participación activa en las decisiones que afectan su entorno.
Un avance crítico de esta nueva norma es la desvinculación de los procesos de formalización respecto a otros trámites administrativos pendientes. Anteriormente, la dependencia de procesos paralelos generaba bloqueos que postergaban la entrega de títulos por años. Con la implementación del Decreto 1392 de 2025, se espera destrabar cientos de solicitudes acumuladas, acelerando la garantía del derecho fundamental al territorio colectivo. La normativa establece que los actos administrativos resultantes serán títulos formales de propiedad, debidamente registrados, asegurando la pervivencia física y cultural de las comunidades indígenas en el país.
Durante el encuentro, el viceministro Quiroga destacó que esta herramienta es el resultado de acuerdos de consulta previa y compromisos del Estado con los pueblos originarios. Como ejemplo de la efectividad inmediata de la norma, se mencionó la ampliación del resguardo Itilla, un territorio estratégico en la Amazonía para el cierre de la frontera agrícola. Este avance no solo protege los usos ancestrales del suelo, sino que consolida el ordenamiento territorial desde la visión de los pueblos amazónicos, reforzando la protección de ecosistemas críticos bajo una administración autónoma y legalmente reconocida.
El decreto también reafirma la función social y ecológica de la propiedad en armonía con las tradiciones de los pueblos indígenas. Al simplificar los requisitos técnicos y jurídicos, el Gobierno busca saldar deudas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica. La entrega de este instrumento a las organizaciones indígenas marca un hito en la política de tierras del actual periodo, promoviendo una Colombia multiétnica donde la identidad y la existencia de los pueblos están ligadas intrínsecamente a la posesión legal y efectiva de sus territorios ancestrales.
Además de la agilización de términos, el decreto contempla mecanismos de saneamiento para proteger los resguardos de posibles conflictos con terceros. La seguridad jurídica otorgada por estos títulos registrados permite a las comunidades acceder de manera más eficiente a programas de desarrollo rural y protección ambiental. El enfoque de la norma es integral, reconociendo que el territorio es la base de la autonomía política y económica de los pueblos. Con este paso, el Ministerio de Agricultura busca consolidar un modelo de propiedad rural que respete la diversidad étnica y promueva la paz en las regiones.
La recepción del decreto por parte de la CNTI fue positiva, considerándose un motor para la justicia espacial en zonas históricamente marginadas. Los representantes indígenas señalaron que la simplificación de los procedimientos para la constitución de resguardos es una demanda de décadas que finalmente encuentra un marco legal operativo. La normativa se alinea con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, posicionando a Colombia como un referente en la protección de territorios colectivos. El compromiso estatal se traduce ahora en la ejecución técnica de estas nuevas facultades para reducir el rezago en la formalización.
Finalmente, el evento en Bogotá cerró con un llamado a la implementación inmediata de las nuevas rutas de formalización en todo el territorio nacional. El Ministerio de Agricultura subrayó que el territorio es la base de la identidad y la existencia de los pueblos, y que el Decreto 1392 de 2025 es el vehículo para garantizar esa estabilidad. Con el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la eliminación de trabas burocráticas, el Estado busca asegurar que la propiedad colectiva sea una realidad tangible que proteja la autonomía de los pueblos indígenas frente a las presiones externas en sus zonas de asentamiento.
