La Fiscalía General de la Nación judicializó este 15 de abril de 2026 al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y a la particular María Luisa Pedraza Canaria. Ambos son señalados por su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de contratos en la Empresa de Construcción de Vivienda, Ecovivienda, entre 2024 y 2025. El ente acusador investiga la delegación de funciones públicas a una persona externa que no contaba con vínculo laboral legal con la administración municipal.
Según el material probatorio, el mandatario habría permitido que Pedraza Canaria coordinara procesos contractuales estratégicos y gestionara la vinculación de personal dentro de la entidad habitacional. Estas acciones habrían facilitado la suscripción de contratos sin los debidos procesos de selección objetiva exigidos por la ley colombiana. La investigación apunta a que se eligieron contratistas que no cumplían con los requisitos técnicos ni legales para ejecutar las obras de vivienda de interés social.
Las pesquisas indican que la particular implicada presuntamente organizó reuniones para agilizar desembolsos de dinero a contratistas que no presentaban los avances de obra pactados. Asimismo, se le señala de participar en la entrega de mejoramientos de vivienda e impartir instrucciones directas sobre la nómina de Ecovivienda. Estas conductas habrían vulnerado los principios de transparencia y moralidad administrativa que rigen la contratación estatal en el departamento de Boyacá.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó al alcalde Krasnov y a la particular delitos de asociación para cometer delitos contra la administración pública. También se les sindica de interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública. Durante la audiencia de formulación de imputación, ninguno de los dos investigados aceptó los cargos levantados por el ente de control penal.
La Fiscalía General de la Nación enfatizó que la delegación de funciones a particulares sin el debido sustento legal representa una falta de extrema gravedad. El ente acusador continuará con el recaudo de pruebas testimoniales y documentales para demostrar el impacto patrimonial de estas irregularidades en el presupuesto de vivienda de la ciudad. El proceso judicial busca garantizar que los recursos destinados a las familias vulnerables no sean desviados mediante esquemas de contratación paralela.
Este caso ha generado una fuerte reacción política en la capital boyacense, donde la ciudadanía demanda claridad sobre el manejo de los proyectos de infraestructura local. La justicia ordinaria deberá determinar el grado de participación del alcalde en la autorización de estas gestiones realizadas por Pedraza Canaria. La transparencia en la ejecución del Plan de Desarrollo de Tunja se encuentra bajo la lupa de los organismos de control este 2026.
El seguimiento a las irregularidades en Ecovivienda es una prioridad para la Dirección Seccional de Fiscalías en su lucha contra la corrupción regional. Se espera que en las próximas etapas del proceso se revelen más detalles sobre los beneficiarios de los contratos otorgados bajo esta presunta red de direccionamiento. La defensa de los implicados tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo en las audiencias de juicio oral que se programen próximamente.
Finalmente, la Fiscalía ratificó su compromiso de vigilar la correcta administración de los dineros públicos en las entidades descentralizadas de los municipios. La imputación de cargos al alcalde Mikhail Krasnov marca un hito en el control de la gestión administrativa del actual cuatrienio en Tunja. El desarrollo de este proceso judicial será determinante para el futuro político de la administración municipal y la estabilidad de los proyectos de vivienda en curso.
