La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó de manera tajante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que responsabiliza a los mandatarios locales por el incremento del impuesto predial en el territorio nacional. La entidad aclaró que los alcaldes no actúan bajo intereses particulares, sino que cumplen estrictamente con la Ley 2294 de 2023. Esta normativa, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, ordenó la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El director ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro Giraldo, calificó de "irresponsable y demagógica" la postura del Ejecutivo al trasladar la carga política de estos cobros a las administraciones municipales. Toro Giraldo enfatizó que los municipios simplemente están ejecutando una política diseñada e impuesta desde el orden nacional. Según el directivo, es contradictorio que el mismo gobierno que impulsó la medida en su hoja de ruta institucional ahora cuestione a quienes la aplican siguiendo los parámetros técnicos y legales establecidos para la actualización de los avalúos.
La organización gremial advirtió que la implementación de esta política ha generado una fuerte crisis de gobernabilidad y descontento social en las regiones. El aumento en las facturas del predial ha disparado el número de reclamaciones ciudadanas, afectando directamente la relación entre los habitantes y sus mandatarios locales. Fedemunicipios señaló que los alcaldes carecen de competencia para modificar los avalúos determinados por el IGAC, lo que los deja en una posición de vulnerabilidad frente a una ciudadanía que exige respuestas inmediatas ante el impacto económico en sus hogares.
Para evitar que la desinformación siga escalando, la Federación solicitó al Gobierno Nacional mayor pedagogía y una articulación real con los territorios. Gilberto Toro agregó que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de las consecuencias sociales que conlleva la actualización catastral masiva. La falta de claridad sobre el origen de los incrementos está socavando la estabilidad administrativa de los municipios, quienes deben enfrentar las protestas sin tener las herramientas legales para reversar una ley que fue aprobada y promovida desde la Presidencia de la República.
El impacto económico de estas medidas se suma a una situación financiera compleja para muchos contribuyentes en este 2026. Fedemunicipios recordó que, si bien la actualización catastral es necesaria para la modernización del Estado, su ejecución no puede ignorar la realidad social de las comunidades. Por ello, hicieron un llamado urgente para que se busquen soluciones conjuntas que mitiguen el golpe al bolsillo de los colombianos. La entidad insiste en que no se puede utilizar a los alcaldes como escudo ante las decisiones de política pública nacional que resultan impopulares.
En el marco de esta controversia, los mandatarios locales han solicitado mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y el IGAC para revisar casos específicos donde los aumentos han sido desproporcionados. La Federación sostiene que la actualización debe ser un proceso justo y gradual, y no una imposición que ignore las capacidades de pago de los ciudadanos. La falta de un acompañamiento técnico adecuado por parte del Estado central ha dejado a los municipios solos en la gestión de una de las reformas más sensibles del actual periodo gubernamental.
La crisis social generada por el predial requiere, según Fedemunicipios, que el presidente Petro reconozca que los alcaldes están cumpliendo un mandato legal emanado de su propio despacho. Culpar a las autoridades municipales solo profundiza la polarización y debilita la confianza en las instituciones locales. La organización espera que el Gobierno Nacional rectifique su discurso y trabaje de la mano con las regiones para resolver los conflictos derivados de la aplicación de la Ley 2294, priorizando siempre el diálogo y la estabilidad económica del país.
El comunicado concluye con una invitación al diálogo constructivo para superar la grave crisis que afecta a cientos de localidades. Fedemunicipios reafirma su compromiso con la legalidad, pero exige respeto por la autonomía y la dignidad de los gobernantes municipales. La construcción de un país más equitativo no puede hacerse a costa del desprestigio de las autoridades territoriales, quienes hoy enfrentan las consecuencias de una política de actualización catastral que requiere una revisión profunda en su forma de implementación y comunicación hacia la opinión pública.
