La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 117 de 2026, norma que modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 y establece disposiciones clave para armonizar el derecho al trabajo de los vendedores informales con la protección, recuperación y preservación del espacio público. La reglamentación introduce restricciones concretas en materia de seguridad, salubridad y convivencia ciudadana, y garantiza que ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del Instituto para la Economía Social (IPES).
Entre las medidas más destacadas del decreto está la prohibición estricta del uso y almacenamiento de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y sustancias inflamables en el espacio público por parte de vendedores informales. Estas solo podrán utilizarse en establecimientos legalmente constituidos que cumplan con los requisitos técnicos. Adicionalmente, actividades como tatuajes, piercings y servicios de peluquería o barbería no podrán desarrollarse en el espacio público si no cumplen con las condiciones sanitarias establecidas en el Decreto Nacional 780 de 2016 y la Resolución 2117 de 2010.
La venta de alimentos en el espacio público deberá cumplir estrictamente con la Resolución 604 de 1993 del Ministerio de Salud, garantizando estándares sanitarios mínimos para proteger la salud de los consumidores. En materia de seguridad vial y de emergencias, el decreto establece un radio mínimo de 1,5 metros alrededor de cada hidrante contra incendios que deberá permanecer libre de ocupación. Además, se prohíbe la ubicación de ventas en rutas de evacuación, puentes peatonales o accesos al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la ciudad.
“Bogotá es una ciudad que respeta el derecho al trabajo, pero que también exige orden para el disfrute de todos. Ningún vendedor será retirado sin que se le ofrezcan alternativas reales de formalización o reubicación a través del IPES. Queremos una economía popular organizada, que cumpla con estándares de salubridad y que permita recuperar los senderos peatonales y las rutas de emergencia para el bienestar colectivo”, destacó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, quien también subrayó la necesidad de diferenciar a los vendedores vulnerables de las mafias que pretenden adueñarse de las esquinas.
El decreto ratifica además la prohibición de comercializar pólvora, sustancias químicas peligrosas, artículos ilícitos y de portar o vender armas blancas en el espacio público. En línea con los principios de confianza legítima y proporcionalidad, la Administración Distrital garantiza que los procesos de recuperación del espacio público no serán intempestivos. El IPES liderará la oferta de alternativas económicas que incluyen relocalización en espacios autorizados, acceso a programas de formación y reconversión laboral, e inscripción en servicios sociales y programas de atención integral.
“Desde el IPES tenemos 19.000 vendedores caracterizados desde 2024. La oferta institucional se trabaja en tres componentes: formación, emprendimiento y empleabilidad, actualmente ya podemos mostrar resultados en zonas como La Mariposa, San Victorino y San Andresito de la 38”, destacó Catalina Arciniegas, directora del IPES. Estas cifras respaldan una estrategia que no parte de cero, sino de un conocimiento acumulado sobre las necesidades y perfiles de la población que ejerce su actividad económica en el espacio público capitalino.
La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, anunció que se continuará fortaleciendo las estrategias dirigidas a esta población y ampliando iniciativas como Hecho en Bogotá en los barrios, para llevar nuevas oportunidades a las 20 localidades de la ciudad. El cumplimiento de las nuevas medidas será verificado por las autoridades de Policía, las alcaldías locales, el IPES y la Defensoría del Espacio Público, quienes iniciarán los procedimientos correspondientes ante comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana establecida en el decreto.
“La importancia de este decreto ya la podemos demostrar con hechos, los cambios que ya se ven plasmados en los bajo puentes. Esto debe ser también un esfuerzo de la ciudadanía: como hay derechos hay deberes y debemos respetar la organización del espacio público”, resaltó Lucía Bastidas, directora del DADEP. Con el Decreto 117 de 2026, Bogotá da un paso firme hacia la recuperación de sus espacios emblemáticos, apostando por una convivencia donde el espacio público vuelva a ser escenario de respeto, orden y oportunidades reales para todos sus habitantes.
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