La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expresó su respaldo a los funcionarios y contratistas sancionados por la Procuraduría General de la Nación tras las visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad defendió la legalidad de estos procedimientos y advirtió sobre posibles efectos negativos en la capacidad institucional para ejercer control en materia de libre competencia.
Según la SIC, las actuaciones adelantadas por su equipo se realizaron en el marco de facultades legítimas como autoridad nacional de protección de la competencia, y estuvieron orientadas a verificar eventuales irregularidades en procesos de contratación estatal, algunos relacionados con la firma Thomas Greg & Sons. La entidad sostiene que estos procedimientos siguieron protocolos institucionales avalados por la jurisprudencia de las altas cortes.
En su pronunciamiento, la Superintendencia manifestó un “respaldo irrestricto” a los servidores y contratistas sancionados, destacando su trayectoria y experiencia en la lucha contra prácticas anticompetitivas y la corrupción económica. Aseguró que su trabajo ha contribuido de manera significativa a la defensa del interés público y al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia en el país.
La entidad también cuestionó el alcance de las sanciones impuestas, que incluyen inhabilidades para contratar con el Estado hasta por cinco años y multas que pueden alcanzar los 130 millones de pesos. A juicio de la SIC, estas decisiones no solo afectan a los funcionarios involucrados, sino que podrían limitar el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden como autoridad.
En ese sentido, advirtió que la medida disciplinaria podría impactar la capacidad institucional para prevenir y sancionar conductas que atenten contra la libre competencia, al restringir herramientas clave para la recolección de información en investigaciones administrativas. Para la entidad, esto podría traducirse en un debilitamiento del control sobre prácticas que afectan el mercado.
La Superintendencia enfatizó que los procedimientos realizados no habían sido previamente cuestionados por la Procuraduría en términos de su legalidad o de los protocolos aplicados. Por ello, considera que la decisión genera inquietudes sobre la interpretación de las facultades que tiene la entidad para desarrollar este tipo de actuaciones.
Frente al proceso disciplinario, la SIC expresó su confianza en que en segunda instancia se realice un análisis integral, imparcial y riguroso de las pruebas recaudadas. La entidad espera que la decisión final permita esclarecer los hechos y garantice el respeto por el marco jurídico que regula sus funciones.
El pronunciamiento se da en medio de un contexto de tensión institucional tras la sanción impuesta por la Procuraduría, que encontró extralimitación de funciones en las visitas administrativas, especialmente por la recolección de información sensible durante las inspecciones. Este caso ha abierto un debate sobre los límites de las facultades de las autoridades de control en Colombia.
Finalmente, la SIC reiteró su compromiso con la defensa de la libre competencia y la lucha contra la corrupción económica, al tiempo que insistió en la necesidad de preservar las herramientas institucionales que permiten investigar y sancionar prácticas que afectan el funcionamiento del mercado y el interés general.
