El Gobierno nacional cerró la puerta al subsidio del diésel destinado a quemadores industriales con la expedición del Decreto 0268 de 2026, una decisión con la que busca frenar distorsiones en el mercado y proteger los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. La medida redefine el alcance del mecanismo de estabilización y marca un ajuste en la política de subsidios a los combustibles líquidos derivados del petróleo.
La disposición establece que los combustibles usados como materia prima para producir otros combustibles, incluidos los destinados a procesos industriales, no podrán beneficiarse del esquema de estabilización. En adelante, el objetivo será concentrar los recursos públicos en los consumidores finales, evitando que subsidios diseñados para amortiguar el impacto de los precios internacionales terminen favoreciendo eslabones intermedios de la cadena productiva.
El ajuste responde a un incremento acelerado en el consumo de diésel para quemadores industriales. De acuerdo con análisis técnicos del Gobierno, este uso pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024, una variación que encendió las alertas por la presión fiscal que estaba generando sobre el FEPC.
La magnitud del impacto quedó reflejada entre enero y abril de 2025, cuando el uso de combustibles estabilizados en estas aplicaciones industriales representó cerca de 131 mil millones de pesos para el fondo. Ese comportamiento llevó al Ejecutivo a intervenir para mejorar la focalización de los subsidios y evitar que el mecanismo siguiera absorbiendo costos asociados a consumos que no repercuten directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
Para el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la medida apunta a un uso más responsable de los recursos públicos y a la sostenibilidad del sistema de estabilización. Según explicó, el FEPC debe cumplir su función de proteger el precio de los combustibles que utilizan los colombianos, no convertirse en una herramienta de apoyo indirecto para procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final.
El Gobierno sostiene además que el decreto corrige incentivos que venían alterando la competencia en el mercado de producción de combustibles. La lectura oficial es que el esquema anterior abría espacios para subsidios indirectos a ciertos actores, afectando la transparencia sectorial. Con este cambio, el precio de estos combustibles en usos industriales será definido libremente entre los agentes del mercado.
La decisión, sin embargo, conserva una excepción para los combustibles destinados a mezclas con biocombustibles como etanol y biodiésel. Esa salvedad se mantiene en línea con las metas de transición energética y con la estrategia de promover combustibles más limpios dentro de la matriz nacional, sin desmontar incentivos asociados a ese proceso de transformación gradual del sector.
En los próximos dos meses, el Ministerio de Minas y Energía deberá definir los lineamientos operativos para la implementación del decreto y los mecanismos de reporte por parte de los agentes de la cadena. Con esta medida, el Gobierno busca reducir presiones fiscales sobre el FEPC, ordenar mejor el destino de los subsidios y reforzar una política energética que combine sostenibilidad financiera, eficiencia de mercado y transición hacia fuentes más limpias.
