La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por extralimitar sus funciones durante visitas administrativas realizadas en 2024 a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus Fondos Rotatorios.
La decisión disciplinaria impuso suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, entonces superintendente delegado para la Protección de la Competencia, junto a otros funcionarios que participaron en las diligencias efectuadas entre el 12 y el 21 de marzo de ese año.
Según el ente de control, el equipo comisionado actuó bajo la denominación de “El Despacho” y solicitó acceso a dispositivos móviles personales e institucionales con el fin de extraer información sensible, argumentando facultades relacionadas con la verificación de procesos contractuales en las entidades inspeccionadas.
La Procuraduría concluyó que estas actuaciones constituyeron una extralimitación de funciones, ya que el alcance de las visitas no justificaba la recolección de datos personales de alta sensibilidad. Entre la información intervenida se encontraron registros como censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales.
El fallo también advierte que estas prácticas podrían haber comprometido la reserva legal en asuntos sensibles, como procesos de extradición y solicitudes de refugio, además de la utilización de herramientas forenses para replicar información digital sin la debida autorización.
Las visitas tenían como propósito verificar presuntas irregularidades en contratos de la empresa Thomas Greg & Sons, relacionados con la expedición de cédulas y pasaportes. Sin embargo, la Procuraduría determinó que las acciones realizadas se apartaron del objeto inicial de las investigaciones.
Como resultado, los funcionarios Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso fueron sancionados con suspensión e inhabilidad por nueve meses. Por su parte, doce contratistas recibieron multas equivalentes a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco años.
El Ministerio Público señaló que, en caso de que los servidores sancionados no se encuentren en ejercicio de sus cargos, la suspensión se convertirá en una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la inhabilidad. La decisión busca proteger derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, así como preservar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
