En un momento en el que la transición energética se convierte en uno de los grandes retos del país, las empresas del sector enfrentan una doble exigencia: garantizar el abastecimiento y, al mismo tiempo, generar impacto social en los territorios donde operan. En ese escenario, Colgas ha comenzado a consolidar un modelo que combina innovación energética con programas de responsabilidad social orientados a reducir brechas y mejorar la calidad de vida.
Más allá de su operación tradicional en GLP, la compañía ha desarrollado iniciativas que apuntan a transformar realidades en comunidades vulnerables. Programas como la sustitución de leña por gas, el impulso al emprendimiento y la movilidad sostenible en territorios apartados evidencian una estrategia que busca integrar el negocio con el desarrollo social. En regiones como el Pacífico colombiano o Arauca, estos proyectos han tenido impactos concretos en acceso a energía y oportunidades económicas.
Este enfoque de valor compartido no solo responde a una visión empresarial, sino también a la necesidad de construir legitimidad en territorios donde la presencia de empresas energéticas implica desafíos sociales complejos. En ese sentido, Colgas ha apostado por iniciativas que vinculan a comunidades, fortalecen economías locales y promueven soluciones energéticas más limpias y accesibles.
Dentro de esta transformación, el componente legal y corporativo ha adquirido un papel estratégico. La articulación con actores públicos, la estructuración de alianzas y el cumplimiento normativo son elementos clave para garantizar que estos programas no solo se ejecuten, sino que se sostengan en el tiempo. Es allí donde el rol de la gerencia legal cobra una relevancia determinante.
En este contexto, Jhonatan Rojas, director de Revista Impacta, entrevistó a Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Colgas, para profundizar en el papel de la empresa en la transición energética, su modelo de valor compartido y los desafíos que enfrenta el sector en Colombia.
Director Impacta. ¿Cómo entiende Colgas la relación entre transición energética y responsabilidad social en Colombia?
Luis Felipe Ocampo. En Colgas entendemos que la transición energética no puede ser un proceso aislado de la realidad social del país. No se trata únicamente de cambiar tecnologías, sino de garantizar acceso, equidad y sostenibilidad. Por eso nuestros programas buscan reducir pobreza energética, como la sustitución de leña por GLP, y generar oportunidades económicas en las comunidades. La transición solo será viable si mejora la vida de las personas, especialmente en territorios donde aún existen brechas profundas en acceso a servicios básicos.
D.I. ¿Qué impacto han tenido programas como la sustitución de leña o el gas social en las comunidades?
F.O. Estos programas han tenido un impacto significativo en salud, medio ambiente y calidad de vida. Más de 9.000 hogares han sido beneficiados directamente con sustitución de leña, lo que reduce enfermedades respiratorias y mejora condiciones de vida. Además, con alianzas estratégicas hemos logrado ampliar el acceso a gas en zonas donde no existe infraestructura tradicional. Esto no solo transforma la forma en que las familias cocinan, sino que también reduce costos, tiempo y riesgos asociados al uso de combustibles más contaminantes.
D.I. ¿Cómo se articulan estos programas con el modelo de valor compartido de la compañía?
F.O. Nuestro modelo parte de una premisa clara: el crecimiento empresarial debe generar valor social y ambiental. Programas como Propósito Colgas o Plan Parceros no son iniciativas aisladas, sino parte de una estrategia para fortalecer economías locales. Hemos impactado miles de emprendedores, brindando formación, acceso a redes y herramientas para crecer. Esto crea un círculo virtuoso donde la empresa crece, pero también lo hacen las comunidades, generando sostenibilidad a largo plazo.
D.I. En territorios como el Pacífico o La Guajira, ¿qué tipo de intervenciones están desarrollando?
F.O. En estas regiones hemos implementado soluciones innovadoras como NautiGLP, que permite sustituir combustibles tradicionales en embarcaciones por opciones más limpias. Esto tiene un impacto directo en la productividad de actividades como la pesca y el transporte, además de reducir emisiones. También trabajamos con comunidades como la Wayuu, donde hemos llevado soluciones energéticas que mejoran movilidad y calidad de vida. Nuestro enfoque es adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada territorio.
D.I. ¿Cuál es el rol del área legal en este tipo de iniciativas sociales y energéticas?
F.O. El rol legal es fundamental porque permite que estas iniciativas sean viables, sostenibles y escalables. No se trata solo de cumplir normas, sino de estructurar alianzas, garantizar transparencia y conectar la estrategia empresarial con el entorno institucional. En el sector energético, donde la regulación es compleja, el área legal facilita que la innovación ocurra dentro de marcos adecuados, asegurando que los proyectos generen valor sin poner en riesgo la operación.
D.I. ¿Cómo se han desarrollado proyectos territoriales como los de Pasacaballos en Cartagena o Saravena en Arauca?
F.O. Estos proyectos parten de escuchar a las comunidades y entender sus necesidades reales. En Saravena, por ejemplo, apoyamos procesos de infraestructura que mejoraron la movilidad y calidad de vida de cientos de personas. En zonas como Pasacaballos trabajamos en fortalecer el entorno social alrededor de nuestras operaciones, generando empleo local y programas comunitarios. No se trata de intervenciones aisladas, sino de construir relaciones de largo plazo que permitan desarrollo sostenible en los territorios.
D.I. ¿Cuáles son los principales desafíos para consolidar este modelo en Colombia?
F.O. El principal desafío es lograr articulación entre todos los actores. La transición energética requiere trabajo conjunto entre empresas, Estado y comunidades. También es clave cerrar brechas en acceso a energía y superar la pobreza energética que aún afecta a millones de personas. Desde el sector empresarial debemos seguir innovando, pero también construyendo confianza en los territorios, porque sin legitimidad social no hay sostenibilidad posible en el largo plazo.
D.I. ¿Qué papel juegan los programas de emprendimiento que impulsa Colgas dentro de esta estrategia?
F.O. Los programas de emprendimiento son fundamentales porque permiten generar oportunidades reales en las comunidades. A través de iniciativas como Propósito Colgas o Plan Parceros hemos acompañado a miles de emprendedores, brindándoles formación, herramientas y acceso a redes. Esto no solo fortalece la economía local, sino que también crea capacidades sostenibles en el tiempo. Creemos que apoyar a los emprendedores es invertir en el desarrollo del país y en la construcción de un tejido empresarial más sólido.
Colgas avanza en la construcción de un modelo donde la energía no solo se entiende como un servicio, sino como una herramienta de transformación social. Sus programas de valor compartido evidencian una apuesta por conectar la operación empresarial con las necesidades reales del país, especialmente en territorios históricamente rezagados.
En un contexto donde la transición energética es urgente, pero también compleja, iniciativas como estas plantean una ruta posible: una transformación que no solo reduzca emisiones, sino que también cierre brechas, genere oportunidades y fortalezca el tejido social en Colombia.
