El Gobierno nacional reiteró su respaldo a los procesos de formalización de la minería de pequeña escala, tradicional y de subsistencia, al tiempo que reafirmó su compromiso de combatir la extracción ilícita de minerales en distintas regiones del país. La estrategia busca equilibrar la actividad minera con la protección ambiental y el desarrollo económico de las comunidades que históricamente han dependido de esta actividad para su sustento.
Uno de los territorios donde este desafío resulta más evidente es la subregión del Bajo Cauca, donde miles de familias han encontrado en la minería una fuente de ingresos durante décadas. Sin embargo, en paralelo a la minería tradicional, también se ha consolidado la extracción ilícita de minerales, una práctica que genera impactos ambientales, financia estructuras criminales y pone en riesgo la estabilidad social de los territorios.
Como parte de esta política, el Gobierno avanza en la implementación de la Resolución 40141 de 2025 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, una norma que establece una ruta diferenciada para facilitar los procesos de formalización de los mineros de pequeña escala. El objetivo es permitir que quienes ejercen esta actividad puedan hacerlo dentro de la legalidad y con acompañamiento institucional.
De acuerdo con los datos oficiales, entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en la región. De este total, 567 casos se encontraban en áreas ambientalmente restringidas o con limitaciones jurídicas, por lo que a estos trabajadores se les ofrecieron alternativas de reconversión productiva.
Hasta el momento, las autoridades reportan que 2.242 mineros han logrado avanzar en procesos de formalización a través de 32 instrumentos institucionales. Para quienes aún continúan en tránsito hacia la legalidad, el Gobierno anunció que mantendrá el acompañamiento técnico y administrativo con el propósito de que puedan desarrollar su actividad con respaldo del Estado.
En paralelo a estos esfuerzos, las autoridades han mantenido operativos contra la minería ilegal, una actividad que continúa representando una amenaza para los ecosistemas, las comunidades y la seguridad regional. Estas acciones buscan proteger recursos estratégicos como el agua, los territorios rurales y los derechos de las comunidades étnicas.
El Gobierno también reiteró su disposición al diálogo con las comunidades y organizaciones del sector minero, siempre y cuando las manifestaciones sociales se desarrollen de manera pacífica y en el marco del respeto al Estado de derecho. Las mesas de concertación con autoridades locales y departamentales seguirán siendo uno de los principales escenarios para construir acuerdos.
Como parte de esta estrategia, avanza la creación del distrito minero en la región, cuya metodología de formulación del plan estratégico fue concertada recientemente con 95 autoridades étnicas del territorio. Esta iniciativa busca ordenar la actividad minera y promover una explotación responsable de los recursos.
La apuesta oficial es consolidar una minería legal que contribuya al desarrollo territorial, genere ingresos para las comunidades y permita redistribuir riqueza a través de regalías para los municipios. Según el Gobierno, el objetivo es promover una actividad minera que conviva con el ambiente, fortalezca la paz territorial y aporte a la transición energética del país.
