Tras la adjudicación del contrato de interventoría, el proyecto que permitirá garantizar agua potable las 24 horas del día en Ciénaga de Oro, Córdoba, iniciará obras a mediados de marzo. La iniciativa beneficiará a más de 70.500 personas y contará con una inversión superior a los $56.400 millones por parte de la Nación.
Con la culminación de la etapa contractual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizará el seguimiento técnico para asegurar que la ejecución avance conforme al cronograma. Además, el proceso contará con control social a través de una veeduría ciudadana conformada con acompañamiento institucional.
El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de impulsión de agua potable, que iniciará en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Cereté y se extenderá hasta Ciénaga de Oro, aumentando el caudal que recibe este municipio.
La inversión nacional asciende a más de $56.400 millones. A estos recursos se suman $4.877 millones aportados por la Gobernación de Córdoba y $500 millones por parte del municipio, consolidando un esquema de financiación conjunta para garantizar la sostenibilidad de la obra.
La ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, destacó que esta intervención representa más que una infraestructura de ingeniería, al señalar que busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua potable y fortalecer el ordenamiento territorial alrededor de este bien común.
Con el servicio continuo de acueducto, se prevé la reducción de riesgos en salud pública, el fortalecimiento de economías locales y la mejora en las condiciones de permanencia digna en el territorio. La continuidad en el suministro impactará directamente en la higiene, la preparación de alimentos y la calidad de vida.
El alcance del proyecto también beneficiará de manera indirecta al municipio de Sahagún, que recibe agua potable desde una línea de impulsión que parte del territorio de Ciénaga de Oro, ampliando así el impacto regional de la inversión.
Con esta obra, el Gobierno Nacional busca consolidar el acceso efectivo al agua potable como eje de equidad, desarrollo local y adaptación frente a la variabilidad y el cambio climático, garantizando condiciones sostenibles para el bienestar de las comunidades.
