A seis días de la primera jornada electoral del calendario 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó junto a la cúpula militar y policial la estrategia integral del ‘Plan Democracia’, diseñada para garantizar seguridad, legalidad y normal desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional, en medio de un proceso considerado prioritario para la estabilidad institucional.
El dispositivo contempla el despliegue de 246.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para blindar los 13.493 puestos de votación habilitados en el país. El objetivo es asegurar condiciones de tranquilidad tanto en elecciones legislativas como presidenciales, mediante control territorial, vigilancia preventiva y reacción inmediata ante cualquier alteración del orden público.
Según el ministro, la estrategia avanza en cinco ejes fundamentales: seguridad territorial en todos los departamentos, protección a candidatos, custodia de puestos de votación, fortalecimiento de la transparencia electoral y promoción de la línea anticorrupción 157. Estas acciones buscan reducir riesgos y anticipar posibles amenazas durante las diferentes fases del proceso democrático.
Durante la fase preelectoral, la Fuerza Pública ha atendido 3.487 eventos de proselitismo político en distintas regiones del país. En estas actividades han participado cerca de 51.000 uniformados, incluidos aquellos asignados a esquemas de protección para aspirantes a cargos de elección popular y equipos logísticos vinculados a la organización electoral.
El Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral identificó 127 municipios con distintos niveles de amenaza al proceso. Las zonas priorizadas se concentran en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Cesar, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca, donde se reforzó la presencia operativa y los dispositivos de control para garantizar la libre participación ciudadana.
Las autoridades reiteraron que continúan vigentes recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita capturar y judicializar responsables de delitos electorales. La medida busca desincentivar prácticas como constreñimiento al votante, fraude, corrupción o cualquier intento de alterar la voluntad democrática.
La Policía Nacional adelanta investigaciones en 14 macrocasos relacionados con posibles irregularidades. El ministro advirtió que existe información sobre presunta distribución de dinero para compra de votos, práctica que calificó como una amenaza directa a la legitimidad institucional y a la transparencia del sistema democrático colombiano.
El Ministerio de Defensa reiteró que la articulación con organismos de control y autoridades electorales será permanente durante toda la jornada. El mensaje oficial es claro: habrá despliegue total de capacidades de seguridad y defensa para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de protección y legalidad.
