La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’, señalados de participar en la planeación y ejecución del homicidio del veedor ciudadano y defensor de derechos humanos Fabio Álex Ortega Acero. El crimen ocurrió el 19 de diciembre de 2024 en Cúcuta, Norte de Santander, y generó preocupación entre organizaciones sociales por tratarse de un líder comunitario con reconocimiento en la región.
Los judicializados fueron identificados como Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero. Según la investigación, estas personas habrían tenido distintos roles dentro de la estructura criminal para concretar el ataque, que se produjo cuando la víctima se desplazaba acompañada por su esquema de protección.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por las autoridades, Ortega Acero fue abordado y atacado con arma de fuego por dos personas. Entre los agresores se encontraba un menor de edad, quien murió en el lugar durante un intercambio de disparos que se presentó en medio de la reacción del equipo de seguridad.
Las evidencias indican que Miranda Ramírez, conocido con el alias de ‘J’, sería el cabecilla de la organización ilegal y el presunto responsable de ordenar el homicidio, motivado por el liderazgo social y las labores de veeduría que ejercía la víctima en la ciudad.
Por su parte, Rolón Borges, alias ‘Drone’, habría sido el encargado de realizar seguimientos previos para identificar rutinas, desplazamientos y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, con el fin de facilitar la ejecución del ataque.
Las investigaciones también señalan a Martínez Romero como posible participante en las labores de coordinación y recopilación de información relacionada con los movimientos del líder y de su esquema de protección, acciones que habrían servido para estructurar el plan criminal.
Con base en estos elementos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a los procesados, según su grado de responsabilidad, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los tres señalados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades reiteraron que el caso hace parte de las acciones para esclarecer crímenes contra líderes sociales y garantizar justicia frente a este tipo de hechos.
