El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a las autoridades territoriales, la Policía Nacional y el INPEC para que adopten medidas urgentes orientadas a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas recluidas en centros de detención transitoria. La advertencia se da en medio del aumento del hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
La exhortación quedó consignada en la Directiva 002 de 2026, mediante la cual el Ministerio Público pidió a las entidades con competencias en materia penitenciaria adelantar acciones concretas que permitan asegurar condiciones dignas de reclusión y una gestión adecuada del sistema de detención preventiva en el país.
El jefe del organismo de control solicitó a alcaldías y gobernaciones poner en funcionamiento los centros de detención transitoria que sean necesarios para aliviar la sobreocupación, así como cumplir lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario respecto a la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo.
Asimismo, instó a las autoridades territoriales a avanzar en la adecuación de estaciones de Policía y en la suscripción de convenios con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para atender la población privada de la libertad en condiciones ajustadas a la normatividad.
En la directiva también se exhortó al INPEC y a la Policía Nacional a diseñar e implementar un protocolo unificado a nivel nacional que permita el traslado oportuno de las personas detenidas preventivamente desde estaciones policiales y URI hacia cárceles distritales y municipales habilitadas.
El Ministerio Público subrayó que estas medidas deben ir acompañadas de procesos de capacitación y entrenamiento en gestión del riesgo y atención de emergencias, con el fin de proteger la integridad de las personas recluidas y del personal encargado de su custodia.
La Procuraduría anunció que hará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, verificando que en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales se incluyan recursos destinados a la financiación de cárceles municipales y a la celebración de convenios interadministrativos con el INPEC.
Finalmente, el ente de control reiteró que los recursos asignados deberán ser proporcionales a las necesidades presupuestales identificadas, de manera que las acciones adoptadas contribuyan de forma efectiva a superar el hacinamiento y a garantizar los derechos fundamentales de esta población.
