El Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país tras el impacto de un evento hidrometeorológico excepcional registrado entre el 1 y el 6 de febrero. La medida, oficializada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, tendrá una vigencia de 30 días calendario y cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, invoca el artículo 215 de la Constitución, que faculta al jefe de Estado a declarar la emergencia cuando hechos sobrevinientes perturben o amenacen de forma grave el orden económico, social o ecológico, o cuando se configure una situación de calamidad pública que requiera medidas extraordinarias y urgentes.
En su artículo primero, el decreto declara formalmente el estado de excepción en los ocho departamentos priorizados. El segundo establece que el Ejecutivo ejercerá las facultades constitucionales correspondientes. El tercero autoriza la expedición de decretos legislativos y operaciones presupuestales necesarias, mientras que el cuarto ordena convocar al Congreso para el respectivo control político.
La decisión se sustenta en un fenómeno climático atípico y de baja previsibilidad, asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, según análisis del Ideam y la Dirección General Marítima (Dimar). Este comportamiento alteró patrones atmosféricos históricos y generó condiciones extremas simultáneas en varias regiones.
Entre los efectos registrados se encuentran un aumento significativo en la velocidad del viento superficial, oleajes por encima de los rangos climatológicos habituales, mar de leva y lluvias intensas. En varios sectores del Caribe colombiano, los acumulados de precipitación superaron entre el 130 % y más del 180 % del promedio mensual histórico.
En términos prácticos, en pocos días se registraron volúmenes de lluvia equivalentes o superiores a los de un mes completo, lo que provocó inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa. Las autoridades señalaron que el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 superó los registros de los últimos seis años.
El balance consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reporta 65 emergencias en 61 municipios, más de 69.000 familias damnificadas, 252.000 personas afectadas y 10 fallecidos. También se registraron daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud, así como pérdidas en áreas productivas.
Con la declaratoria, el Ejecutivo busca agilizar recursos y medidas para atender la crisis, mitigar el impacto social y económico y acelerar la recuperación en las zonas afectadas. El estado de emergencia permitirá adoptar decisiones extraordinarias orientadas a restablecer las condiciones de normalidad en los territorios golpeados por el fenómeno climático.
