La posibilidad de que Estados Unidos asuma el control efectivo de la producción y comercialización del petróleo venezolano abre un escenario de alto impacto para América Latina. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de una reconfiguración del equilibrio energético hemisférico, con efectos directos sobre la autonomía regional, la competencia entre exportadores como Colombia y la estabilidad fiscal de economías altamente dependientes de los hidrocarburos.
Manuel Fernández Villacañas, secretario del programa de Geopolítica e Inteligencia Económica de EAE Business School, advierte que este movimiento alteraría las reglas del juego en el mercado petrolero regional. Una eventual integración del crudo venezolano en la estrategia energética de Washington consolidaría a Estados Unidos como actor dominante en la arquitectura energética latinoamericana.
«Países como Colombia verían reducido su margen de maniobra, no tanto por una caída inmediata en su producción, sino porque un actor históricamente autónomo como Venezuela quedaría alineado con decisiones estratégicas tomadas desde Washington», explica el experto. El efecto no sería solo productivo, sino geopolítico, al modificar la correlación de fuerzas entre productores.
Además, si las refinerías estadounidenses priorizan el procesamiento de crudo pesado venezolano, otros exportadores regionales podrían perder participación en ese mercado clave. Esto obligaría a redirigir exportaciones hacia Europa o Asia, incrementando costos logísticos y reduciendo márgenes de rentabilidad en un entorno global cada vez más competitivo.
Un eventual desembarco masivo de empresas estadounidenses también implicaría la adopción de estándares contractuales, regulatorios y de arbitraje alineados con marcos jurídicos de Estados Unidos. Esa influencia normativa podría extenderse a la región, reduciendo la autonomía estratégica de América Latina en materia energética y regulatoria.
En el corto plazo, un cambio de control de esta magnitud podría generar una prima de riesgo geopolítico que impulse al alza los precios del crudo, ante la incertidumbre política y la posible reacción de actores como Rusia, Irán o la OPEP+. Para exportadores como Colombia, ese repunte inicial podría traducirse en mayores ingresos fiscales temporales.
Sin embargo, si Estados Unidos logra rehabilitar la infraestructura venezolana y aumentar significativamente la producción, la mayor oferta global podría ejercer presión bajista sobre los precios. En un contexto de transición energética y desaceleración de la demanda estructural, esa caída afectaría directamente a economías latinoamericanas que aún no han diversificado sus fuentes de crecimiento.
El escenario, por tanto, combina riesgos y oportunidades. Más allá de la coyuntura, el debate de fondo es estratégico: cómo preservar margen de decisión, estabilidad fiscal y competitividad en un mercado cada vez más condicionado por intereses geopolíticos globales. Para América Latina, el desafío no es solo energético, sino profundamente político y económico.
