La magnitud de las afectaciones provocadas por el reciente evento hidrometeorológico en la Costa Caribe llevó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a estructurar un plan de atención del hábitat que requerirá inversiones cercanas a los $5,8 billones. La cifra refleja la dimensión del impacto en infraestructura básica, vivienda y servicios públicos en varios departamentos de la región.
Según precisó la ministra Helga María Rivas Ardila, de ese total, más de $4,4 billones estarían destinados a intervenciones en sistemas de acueducto y alcantarillado. A ello se suman más de $1,3 billones orientados a la construcción de viviendas nuevas, mejoramientos locativos y conexiones a servicios públicos, con el objetivo de restablecer condiciones mínimas de habitabilidad.
La funcionaria advirtió que la magnitud de la crisis exige medidas excepcionales y recursos adicionales, razón por la cual considera fundamental la declaratoria de la Emergencia Económica. Este mecanismo permitiría viabilizar procesos de reasentamiento, reubicación y gestión de suelo en coordinación con otras entidades del orden nacional y territorial.
“La magnitud de las afectaciones exige medidas excepcionales y un ejercicio colectivo de solidaridad”, señaló la ministra, al insistir en que la respuesta debe ser integral, orientada a proteger la vida, el hábitat y la dignidad de las familias afectadas. El enfoque, explicó, no se limita a reconstruir infraestructura, sino a planificar soluciones sostenibles.
El Ministerio planteó la necesidad de una articulación estrecha con gobernaciones, alcaldías y organizaciones comunitarias. La apuesta es avanzar desde ahora en la planificación técnica y social de los procesos de desarrollo progresivo y reasentamiento, evitando respuestas tardías que profundicen la vulnerabilidad de las comunidades.
En materia de vivienda, el balance es contundente. En Córdoba, Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Magdalena y La Guajira se reportan 4.345 viviendas destruidas, de las cuales 4.298 están en Córdoba. A esto se suman 11.832 viviendas afectadas, con mayor concentración en La Guajira y Córdoba.
El impacto también se extiende a los servicios públicos. Más de 103 municipios reportan afectaciones en sistemas de agua y saneamiento básico. De ellos, 71 presentan daños en acueducto, 40 en redes de alcantarillado y 35 en sistemas de aseo, según información consolidada por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
Como consecuencia, cerca de 3,3 millones de personas se encuentran afectadas por la interrupción o daño en los sistemas de acueducto y alcantarillado. El reto, más allá de la reconstrucción, será garantizar soluciones estructurales que fortalezcan la resiliencia territorial frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos y recurrentes.
