La destitución del presidente peruano José Jerí abrió un nuevo capítulo de incertidumbre institucional en el país andino, donde el Congreso vuelve a convertirse en el eje de la recomposición del poder político. La salida del mandatario, aprobada por mayoría parlamentaria en medio de cuestionamientos éticos y denuncias de presuntas irregularidades, activó los mecanismos constitucionales de sucesión. En este escenario, la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso adquiere una dimensión decisiva, pues de ella depende quién asumirá la conducción del Ejecutivo de manera transitoria.
El sistema político peruano contempla que, ante la vacancia presidencial sin un vicepresidente en funciones, la jefatura del Estado recaiga en quien presida el Congreso. Por ello, la disputa parlamentaria dejó de ser un asunto interno del Legislativo para convertirse en una definición clave sobre la gobernabilidad nacional. Analistas locales coinciden en que la rapidez con la que se resuelva esta elección será determinante para evitar un mayor deterioro de la estabilidad institucional y de la confianza ciudadana.
En medio de este contexto emergieron cuatro nombres como principales opciones para encabezar el Parlamento: Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, María del Carmen Alva y Héctor Acuña. Todos ellos representan corrientes distintas dentro del mosaico político peruano y reflejan la fragmentación del Congreso, caracterizado por alianzas cambiantes y negociaciones permanentes. La definición no solo responde a afinidades ideológicas, sino también a la capacidad de cada candidato para construir consensos en un Legislativo altamente atomizado.
Silvia Monteza, congresista con trayectoria en Acción Popular, fue inicialmente vista como una figura de equilibrio capaz de articular sectores moderados. Su perfil técnico y su bajo nivel de confrontación la posicionaron como una alternativa de transición, especialmente valorada por quienes buscan reducir la polarización. Sin embargo, su candidatura enfrentó dificultades para consolidar apoyos mayoritarios en un Congreso donde las bancadas demandan liderazgos con mayor peso político para afrontar la crisis.
Juan Carlos Mori, también integrante de Acción Popular, surgió como otra carta del mismo bloque partidario. Su postulación representaba la intención de mantener el control del Legislativo dentro de esa colectividad, aunque generó divisiones internas que debilitaron sus posibilidades. Algunos sectores cuestionaron su capacidad de convocatoria y advirtieron que el momento exige una figura con mayor experiencia en conducción institucional, capaz de dialogar con múltiples fuerzas políticas y actores sociales.
La ex presidenta del Congreso María del Carmen Alva reapareció entonces como una opción con respaldo significativo. Su experiencia previa al frente del Legislativo y su conocimiento de los procedimientos parlamentarios la convierten en una candidata con ventajas operativas en un momento de transición acelerada. Para sus aliados, su eventual elección garantizaría continuidad administrativa y una gestión con reglas claras, mientras que sus críticos temen que su estilo político reactive tensiones con sectores opositores.
A estas tres alternativas se sumó Héctor Acuña, congresista con trayectoria regional y vínculos con una de las familias políticas más influyentes del norte peruano. Su nombre amplió el abanico de negociación al representar intereses territoriales y económicos que buscan mayor protagonismo en la toma de decisiones nacionales. La inclusión de Acuña en la contienda refleja cómo la política peruana combina dinámicas partidistas con liderazgos regionales que buscan incidir en el equilibrio del poder central.
La elección del nuevo titular del Congreso se desarrolla en un ambiente de presión social y expectativa internacional. Perú ha atravesado en los últimos años una sucesión de destituciones presidenciales, cambios de gabinete y confrontaciones entre poderes del Estado, lo que ha erosionado la percepción de estabilidad democrática. Este nuevo episodio reabre el debate sobre la necesidad de reformas políticas que fortalezcan los mecanismos de gobernabilidad y reduzcan la recurrencia de crisis institucionales.
Especialistas en derecho constitucional señalan que el desafío inmediato no será únicamente designar a un presidente interino, sino garantizar que la transición se traduzca en condiciones mínimas de gobernabilidad. Esto implica recomponer relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, estabilizar la agenda económica y ofrecer señales claras a la ciudadanía. Sin esos elementos, advierten, el país podría enfrentar un nuevo ciclo de confrontación política con efectos directos sobre la inversión y el clima social.
QMientras el Congreso avanza en negociaciones para definir su liderazgo, Perú vuelve a situarse ante una encrucijada que trasciende nombres propios. La decisión entre Monteza, Mori, Alva o Acuña no solo determinará quién ocupará temporalmente la presidencia, sino también qué estilo de conducción marcará la transición. En juego está la posibilidad de recuperar estabilidad institucional o prolongar una etapa de incertidumbre que ya se ha convertido en rasgo recurrente de la política peruana contemporánea..
