En un operativo desarrollado en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, unidades de la Policía Nacional capturaron a Yorman Javier Ortega, conocido con el alias de “La Mirla”, señalado como presunto cabecilla financiero de una estructura del ELN con injerencia en esta zona del país. La acción hace parte de las operaciones adelantadas por las autoridades para debilitar las redes logísticas y económicas de los grupos armados ilegales.
De acuerdo con la información oficial, el capturado habría sido responsable de sostener durante más de una década las finanzas ilícitas de esa estructura, mediante actividades relacionadas con economías criminales. Las investigaciones señalan que su rol no solo estaba ligado a la administración de recursos ilegales, sino también a la coordinación de acciones armadas contra integrantes de la Fuerza Pública en la región.
Las autoridades lo vinculan con delitos como secuestro extorsivo, tráfico de armas y concierto para delinquir, conductas por las cuales deberá responder ante la justicia. Según los elementos recopilados, alias “La Mirla” habría desempeñado un papel estratégico en la obtención de recursos, la adquisición de material bélico y la articulación logística necesaria para ejecutar atentados con artefactos explosivos.
Entre los hechos violentos atribuidos a esta estructura se encuentran ataques registrados en 2025 que dejaron víctimas mortales y heridos en la Fuerza Pública. El 8 de marzo de ese año fueron asesinados dos policías, mientras que el 14 de agosto se reportó la muerte de un militar y siete uniformados más resultaron lesionados, hechos que son materia de investigación dentro del proceso judicial en curso.
Las autoridades consideran que la captura representa un golpe a las capacidades financieras del grupo armado ilegal en el sur de Bolívar, ya que estas funciones resultan determinantes para el sostenimiento de las operaciones criminales. La afectación de estas redes busca limitar la adquisición de armamento, la movilidad de sus integrantes y la ejecución de acciones violentas contra la población y las instituciones.
El procedimiento fue adelantado con base en labores de inteligencia y judicialización que permitieron ubicar al presunto responsable y hacerlo comparecer ante las autoridades competentes. Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía para la legalización del procedimiento y la definición de las medidas judiciales correspondientes.
Las instituciones reiteraron que continuarán desarrollando operaciones contra las economías ilegales que financian estructuras armadas, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y fortalecer la seguridad en territorios históricamente afectados por la violencia. Este tipo de acciones, señalaron, busca impactar no solo a los ejecutores materiales, sino también a quienes sostienen las redes criminales desde el componente financiero.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión, secuestro, reclutamiento o actividades delictivas, a través de las líneas habilitadas como el 147 y 165 de los GAULA, así como los canales 107, 157 y el 141 para casos de reclutamiento infantil, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.
